Alerta Perú

Miércoles 08 de Setiembre de 2010

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Rechazamos Intento de Disolución de AIDESEP

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La Mesa de Interculturalidad expresa su rechazo al pedido de disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, acción promovida por el Ministerio de Justicia que constituye una abierta contradicción y desconocimiento del proceso de diálogo sobre los decretos legislativos y el plan de desarrollo de la Amazonía, y enturbia el trabajo de investigación sobre los hechos ocurridos en Bagua.

La intervención y disolución de AIDESEP solicitada por la procuraduría pública del Ministerio de Justicia, consumaría una evidente violación del derecho a la libre asociación y a las libertades políticas establecidas en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Consideramos improcedente la acusación contra AIDESEP, ya que como persona jurídica no puede estar comprendida en las acusaciones penales que se ciernen contra algunos dirigentes indígenas, quienes aún se encuentran en proceso de investigación judicial.

Coincidentemente esta medida contra AIDESEP se presenta en un momento que las autoridades reafirman su la política de otorgamiento de nuevas concesiones petroleras en territorios indígenas, intentando limitar la aplicación del derecho a consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT. El Ejecutivo se resiste a aceptar que la consulta tiene por objetivo estudiar concertadamente las propuestas de explotación en territorios indígenas y obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.

Un país pluricultural y pluriétnico como el nuestro, tiene el desafío de superar el desigual acceso al ejercicio de los derechos debido a inequidades sociales y la no valoración de la diversidad cultural. La imposición de una única concepción de desarrollo, es una forma de discriminación cultural, y un campo propicio para el racismo. En un orden democrático, el ejercicio de la ciudadanía de los pueblos indígenas amazónicos implica el reconocimiento de su derecho a realizar su vida según su propia cultura, en su espacio sociocultural, incluida la propiedad de sus territorios ancestrales. Todo abuso, basado en las asimetrías en el acceso al poder social y político, tiene que ser recusado como antidemocrático.

Es por ello que la Mesa de Interculturalidad demanda al Gobierno el retiro de la solicitud de disolución de AIDESEP y exhorta a las autoridades a deponer cualquier medida que atente contra los derechos de los pueblos indígenas, anteponiendo la voluntad de avanzar en el diálogo y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la normatividad nacional e internacional.

Lima, 23 de octubre de 2009.

Mesa de Interculturalidad

  • Forum Solidaridad Perú
  • Centro Bartolomé de las Casas de Cusco – CBC
  • Servicios Educativos Rurales – SER
  • Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
  • Centro de Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAAP
  • Género y Economía
  • Oxfam América
  • Carmen Germán Palacios
  • Lupe Camino
  • Rosa Mendoza

 

Última actualización el Lunes, 02 de Noviembre de 2009 15:46

LATINDADD frente a las reuniones anuales 2009 del BM y FMI

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Desde abril del presente año, el G20 trata de consolidarse como el foro de discusión autorizado para dar respuesta a la Crisis Global. Asimismo, el FMI ha resucitado para colocar sus préstamos en todo el mundo. Es decir, los países del norte, quienes originaron la crisis, persisten en mantener su hegemonía, a pesar de ser las economías más endeudadas, en perjuicio de los pueblos del sur que se ven afectados por el carrusel financiero de los grandes bancos mundiales y de la extracción de sus recursos naturales.

Ante esta realidad LATINDADD considera:

1. Que no hay voluntad de los líderes políticos mundiales para impedir que la especulación siga definiendo los precios mundiales. Los paraísos fiscales siguen operando y hasta hoy los banqueros responsables de la peor crisis de la economía global de los últimos años no han pagado por su responsabilidad.

2. El G20 y el FMI al igual que todas instituciones financieras internacionales pretenden paralizar las medidas necesarias para cambiar de modelo, señalando engañosos indicadores de recuperación, que se basan en el mismo juego especulativo que trajo abajo el sistema.

3. En un periodo de transición como el que atraviesa la economía global desde el 15 de septiembre con la caída de Lehmman Brothers, somos conscientes de que los cambios no van a ser productos de acuerdos políticos, más bien vendrán marcados por nuevos sucesos económicos. En tal sentido, la organización de las Naciones Unidas constituye el foro más amplio y representativo para dar una salida a la crisis global, teniendo en consideración a la población más excluida y pobre del planeta.

4. Si bien, desde hace años, el movimiento mundial de la deuda viene exigiendo una nueva arquitectura financiera internacional, la auditoría de la deuda, y el repudio de todos los actos de corrupción y abuso en el manejo de las finanzas globales, el G20 se ha atribuido la potestad de liderar la discusión sobre una nueva arquitectura financiera internacional, que ni siquiera toma en cuenta los avances que se han dado en la propia Conferencia de NNUU sobre la crisis y su impacto en el desarrollo, mucho menos los aportes de la sociedad civil. Poniendo en riesgo la oportunidad de crear una nueva arquitectura financiera que responda al Buen Vivir de nuestros pueblos.

5. La discusión mundial tiene el sesgo de la regulación financiera y no está considerando a las miles de millones de personas que son impactadas. Basta señalar que la mayoría de países del sur, entre ellos los de América Latina, están afrontando retos fiscales enormes ante la caída de la demanda externa que en la mayoría de casos fue la alternativa impuesta cuando nos obligaron a dejar atrás los procesos de industrialización reprimarizando nuestras economías. Esta caída en la recaudación tributaria afecta directamente el presupuesto público para los sectores sociales y nos hace recurrir nuevamente al círculo vicioso de la deuda externa, del cual aún muchos países no han salido.

6. Y a pesar que el FMI estaba deslegitimizado por ser incapaz de ejercer funciones de supervisión adecuadas para evitar la crisis, ahora viene con la misma ideología de ajustes fiscales y aperturas comerciales. Es decir, las mismas condicionalidades en un mundo que requiere un nuevo paradigma de desarrollo económico, social y ambiental. Siguen utilizando el mecanismo de los Derechos Especiales de Giro (DEG), los mismos que tienen problemas de acceso y legitimidad.

7. La propuesta del G20 de distribución "más equitativa" destinando el 5% de la votación hacia países emergentes aun no garantiza una participación más equitativa de nuestros países,

8. El aparente avance discursivo sobre mayor supervisión, mayor regulación, y cambio de reglas de las finanzas, en los debates internacionales, queda en nada, pues hasta hoy no se hace realidad. Y los mercados de derivados siguen completamente desligados de la producción mundial.


Por todo ello, LATINDADD demanda:

1. La moratoria del servicio de la deuda de los países del sur durante el 2010, con la finalidad de atender sectores productivos y sociales: agricultura interna, educación, salud, seguridad social, etc. y financiar el Buen Vivir de los pueblos. Incluso el FMI debe donar DEG a los países del sur.

2. La atención a los efectos de las múltiples crisis debe ser afrontada con transferencias sin condicionalidades como reparación por los daños causados

3. La realización de auditorías de las deudas externas e internas, y de las instituciones financieras internacionales.

4. La imposición de cláusulas de equidad y corresponsabilidad en los nuevos endeudamientos, construyendo la legalidad planteada por la Plataforma sobre Financiamiento Democrático, Soberano y Responsable que señala que:
∙ Los países se comprometan a otorgar préstamos que sean utilizados en proyectos de desarrollo sostenible, salvaguardando los derechos humanos.
∙ Los países se comprometen a respetar la soberanía de otros países para la determinación de sus políticas de desarrollo.
∙ Las responsabilidades del pago de la deuda no deben impedir a los países hacerse cargo de su deuda social con sus ciudadanos.
∙ Las transacciones deben ser transparentes y los contratos de conocimiento público disponible para cualquier tipo de escrutinio
∙ Se debe visibilizar la deuda ecológica, generada por los países del norte, y de la cual somos acreedores.

5. Una mayor y mejor reglamentación financiera internacional y una efectiva supervisión multilateral, para lo cual se debe: ampliar el alcance de las medidas de reglamentación y supervisión de instrumentos y actores financieros, a través de un nuevo mecanismo financiero multilateral; promover una coordinación de políticas fiscales, monetarias y cambiarias entre los países para lograr una integración financiera regional; y establecer regulaciones internacionales para limitar la volatilidad de las entradas de capital extranjero a fin de que no afecten el sistema financiero nacional.

6. Una redistribución equitativa de los recursos basada en la Justicia Tributaria, para lo que es indispensable: revisar los acuerdos de libre comercio y de protección e inversiones; incrementar la presión tributaria sobre los sectores con mayores recursos de modo que el aumento de la recaudación sea revertida hacia los sectores sociales más desatendidos; impulsar reformas fiscales centradas en mayores impuestos para quiénes más renta generan, reduciendo los impuestos indirectos; eliminar los paraísos fiscales y los privilegios tributarios brindados a la inversión extranjera directa.

7. Un nuevo sistema de pagos y reservas internacionales que reduzca la dependencia del dólar y acabe con las distorsiones del comercio intrarregional y de precios a nivel global que incluye: un nuevo sistema de reservas a nivel global que reemplace al actual, basado en una canasta de monedas nacionales de reserva con la participación de todos los países. Pudiendo empezar aplicándose a los Derechos Especiales de Giro (DEG). Este nuevo sistema debe ser complementario con otros acuerdos regionales, tales como el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) acordado por los países que forman parte de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).

8. Una nueva arquitectura financiera regional que tienda a reducir la intervención de las IFIS en las políticas nacionales; que promueva la reforma del régimen de gobernanza mundial, dando lugar a instituciones financieras y bancos de desarrollo, como el Banco del Sur, más democráticos, representativos y sin condicionalidades; y como Unidad Monetaria Sudamericana (UMS).

Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho ante atentado terrorista

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Exigimos respeto a la vida humana y las normas del derecho internacional humanitario en el VRAE

Los integrantes del Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho, frente  a los recientes y lamentables hechos de muerte, ocurridos el 02 de setiembre en el Distrito de Santo Domingo de Acobamba – Junín, que ha desatado nuevamente polémica sobre las propuestas de solución al problema de la violencia en el VRAE. Manifestamos a la opinión pública, lo siguiente:

1. Condenamos, el ataque cobarde contra el helicóptero MI17, perpetrado por las huestes del ¨camarada José¨, quienes vienen operando en esa zona como una banda criminal, con desprecio a la vida humana y las normas del derecho internacional humanitario, provocando la muerte de compatriotas uniformados y enlutando al país entero.  

2. Expresamos, nuestro profundo pesar y más sentidas condolencias, a todos los familiares de los oficiales de la FAP; Ángel Vejarano, Jorge Sánchez y Jorge Lenin, quienes perdieron la vida, en una acción heroica de auxilio y rescate a los soldados heridos, después de un enfrentamiento armado infame.

3. Rechazamos, la propuesta del Congresista Giampietri, de declarar el VRAE como zona de combate, con la pretendida intención de sustraer a la justicia ordinaria, de su función cautelar de los derechos de la población civil, profundizar la militarización de la zona y, llamando “estorbos” a los campesinos, provocar su desplazamiento forzado,  de esas tierras que por años ocupan, como único medio de subsistencia.    

4. Deploramos, las desafortunadas expresiones del Presidente Regional de Ayacucho, quién, lejos de preocuparse por una eficiente gestión, abogar por una mayor inversión social por parte del Ejecutivo, coadyuvar la concertación para mejorar el plan VRAE y su implementación y, llamar a una acción serena e inteligente contra estas bandas criminales, exigiendo el respeto a los derechos de la población civil; atiza la confrontación y contribuye a las acciones fascistas en la región.       

5. Invocamos a toda la comunidad, pronunciarse a favor de una intervención integral del Estado en el valle, así como, una mayor voluntad política del gobierno actual, para  promover desarrollo económico y social de toda la población, mejorando los niveles de vida, las vías de acceso y de comunicación, los servicios públicos y de saneamiento, afirmando su presencia en temas seguridad ciudadana y justicia ordinaria, para posibilitar una economía saludable y erradicar definitivamente, la presencia del narcotráfico y el terrorismo.    

Ayacucho, 08 de setiembre del 2009

CONACAMI condena y exige cese de la persecución contra dirigentes de AIDESEP

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La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería expresa su más enérgico rechazo a la falta de decisión política de parte del gobierno para atender las justas demandas de los pueblos indígenas  de la amazonía.

Esta falta de voluntad se demuestra en la insistencia en la persecución judicial contra la dirigencia nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep), que ha llegado a su punto más álgido al ordenarse la captura internacional del presidente de Aidesep, Alberto Pizango y otros directivos de esa organización, a quienes acusa por los presuntos delitos de sedición y motín en agravio del Estado.

Esta situación se presenta en momentos en que los pueblos amazónicos vienen reclamando que el gobierno asuma plenamente su compromiso de establecer mecanismos dialogados para la atención de sus demandas, siendo uno de los temas planteados el cese de la persecución de los dirigentes.

A ello  hay que sumarle que sumarle las amenazas públicas contra la vicepresidenta de AIDESEP, Daisy Zapata, por parte del ministro de Justicia, Aurelio Pastor,  quien en el colmo de la desfachatez ha considerado una amenaza contra el Estado el hecho que la dirigencia de AIDESEP afirme que si el Ejecutivo no cumple con los acuerdos que se establezcan en las mesas de diálogo, los nativos protestarían con más fuerza.

Queda claro también, que los diversos organismos internacionales como la OIT, Alto Comisionado de la ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial-CERD, las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación sobre la problemática de los pueblos indígenas del Perú en general, así como se ha emitido diversos informes, recomendaciones y opiniones que confirman  que las demandas de los pueblos indígenas amazónicos son justas y no existe interés de subvertir o desarrollar violencia como objetivo, por lo que deviene en injusta la persecución judicial y policiaca de los dirigentes de AIDESEP que solo han cumplido con el mandato de sus bases.

Desde CONACAMI:

1-  Solidarizarnos con nuestros hermanos amazónicos y expresar nuestro más profundo rechazo a la persecución de la que son víctimas los dirigentes que se encuentran asilados fuera del país, como quienes se encuentran al frente de AIDESEP, por el simple hecho de reclamar una atención efectiva a sus demandas.

2- Exigir el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el gobierno, especialmente el que establece la conformación de una Comisión de la Verdad que permita esclarecer los actos luctuosos ocurridos en la ciudad de Bagua el pasado 05 de Junio.

3- Que haciendo eco de las recomendaciones y exigencias de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Cumplimiento y Aplicación de Convenios, se implementen las medidas necesarias para que se brinde la protección debida a los pueblos indígenas de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

4- Cese de la persecución a los dirigentes de los pueblos indígenas cuya actividad está dirigida a la defensa de sus derechos territoriales y autonomía conforme dicta la Constitución Política.

5- Llamar la atención de la ciudadanía en general para que se mantenga alerta al desarrollo de este diálogo entre comunidades y gobierno, en el cual las comunidades amazónicas han puesto toda su voluntad para encontrar una solución a sus demandas y que sin embargo hasta ahora no da muestras de avance hacia ese camino.

Lima, 28 de agosto de 2009
Consejo Directivo de CONACAMI PERU

CONACAMI CONDENA Y EXIGE CESE DE LA PERSECUSION CONTRA DIRIGENTES DE AIDESEP

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
expresa su más enérgico rechazo a la falta de decisión política de parte del
gobierno para atender las justas demandas de los pueblos indígenas de la
amazonía.

Esta falta de voluntad se demuestra en la insistencia en la persecución
judicial contra la dirigencia nacional de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep), que ha llegado a su punto más
álgido al ordenarse la captura internacional del presidente de Aidesep,
Alberto Pizango y otros directivos de esa organización, a quienes acusa por
los presuntos delitos de sedición y motín en agravio del Estado.

Esta situación se presenta en momentos en que los pueblos amazónicos vienen
reclamando que el gobierno asuma plenamente su compromiso de establecer
mecanismos dialogados para la atención de sus demandas, siendo uno de los
temas planteados el cese de la persecución de los dirigentes.

A ello hay que sumarle que sumarle las amenazas públicas contra la
vicepresidenta de AIDESEP, Daisy Zapata, por parte del ministro de Justicia,
Aurelio Pastor, quien en el colmo de la desfachatez ha considerado una
amenaza contra el Estado el hecho que la dirigencia de AIDESEP afirme que si
el Ejecutivo no cumple con los acuerdos que se establezcan en las mesas de
diálogo, los nativos protestarían con más fuerza.

Queda claro también, que los diversos organismos internacionales como la
OIT, Alto Comisionado de la ONU, Convención Internacional sobre la
Eliminación de la Discriminación Racial-CERD, las organizaciones de derechos
humanos como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación sobre la
problemática de los pueblos indígenas del Perú en general, así como se ha
emitido diversos informes, recomendaciones y opiniones que confirman que
las demandas de los pueblos indígenas amazónicos son justas y no existe
interés de subvertir o desarrollar violencia como objetivo, por lo que
deviene en injusta la persecución judicial y policiaca de los dirigentes de
AIDESEP que solo han cumplido con el mandato de sus bases.

Desde CONACAMI:

1- Solidarizarnos con nuestros hermanos amazónicos y expresar nuestro
más profundo rechazo a la persecución de la que son víctimas los dirigentes
que se encuentran asilados fuera del país, como quienes se encuentran al
frente de AIDESEP, por el simple hecho de reclamar una atención efectiva a
sus demandas.



2- Exigir el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el gobierno,
especialmente el que establece la conformación de una Comisión de la Verdad
que permita esclarecer los actos luctuosos ocurridos en la ciudad de Bagua
el pasado 05 de Junio.



3- Que haciendo eco de las recomendaciones y exigencias de la Comisión de
Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el
Cumplimiento y Aplicación de Convenios, se implementen las medidas
necesarias para que se brinde la protección debida a los pueblos indígenas
de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas y Tribales.



4- Cese de la persecución a los dirigentes de los pueblos indígenas cuya
actividad está dirigida a la defensa de sus derechos territoriales y
autonomía conforme dicta la Constitución Política.



5- Llamar la atención de la ciudadanía en general para que se mantenga
alerta al desarrollo de este diálogo entre comunidades y gobierno, en el
cual las comunidades amazónicas han puesto toda su voluntad para encontrar
una solución a sus demandas y que sin embargo hasta ahora no da muestras de
avance hacia ese camino.





Lima, 28 de agosto de 2009

Consejo Directivo de CONACAMI PERU

Pronunciamiento del Cusco - Audiencia Pública del Cambio Climático

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Representantes de las organizaciones sociales, comunidades campesinas, instituciones públicas y de la sociedad civil de la Región Cusco, reunidos en la Audiencia Climática Regional, desarrollada en la ciudad del Cusco, el día 28 de Agosto del 2009, nos pronunciamos en los siguientes términos:

Conscientes de los impactos nocivos que el cambio climático viene generando en nuestras vidas, en nuestros medios de vida, en la disponibilidad de nuestras aguas y en nuestra seguridad alimentaria. Frente a la agresión brutal que sufre nuestra PACHAMAMA, sustento de vida de nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras, como consecuencia de un modelo de explotación industrial de la naturaleza de forma irracional, agresiva e inmisericorde, principalmente por los países mas ricos y desarrollados como EEUU, China, Unión Europea y Rusia que en conjunto son responsables de cerca del 50% de la emisión de gases de efecto invernadero, que asola y contamina principalmente a países pobres como el nuestro, tal es así que el Perú es uno de los tres mas afectados a nivel mundial y nuestro “Qosqo” una de las 10 regiones mas vulnerables.

Frente a estas evidencias nos pronunciamos:

1.- Que los países industrializados y empresas transnacionales, responsables del calentamiento global y la contaminación ambiental mundial, indemnicen económica, social y moralmente a los pueblos victimas del daño ambiental irreversible generado.

2.- Que el Estado central peruano, asuma un rol mas efectivo y protagónico en el propósito de exigir el cumplimento de los acuerdos y tratados internacionales como el protocolo de Kyoto y los nuevos por suscribirse, en resguardo de nuestra supervivencia humana.

3.- Que el Estado peruano, en sus tres niveles, implemente políticas de protección ambiental y desarrollo sostenible, formuladas participativamente, que incorporen y acojan los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos andinos y amazónicos en referencia a la buena gestión de los recursos naturales como el agua, suelos, cobertura vegetal y agro biodiversidad.

4.- Que se revise el marco jurídico nacional relacionado a la explotación de los recursos naturales, que viene generando formas irracionales de extracción de nuestros bosques, aguas y tierras, generando mayor contaminación ambiental en nuestra región.

5.- Llamamos a nuestro gobierno regional y nuestros gobiernos locales, a implementar políticas publicas, además de medidas y acciones de adaptación frente al cambio climático, articulados en un plan regional y nacional en cumplimiento irrestricto a las recomendaciones de los acuerdos y convenios internacionales de protección del medio ambiente.

6.- Invocamos a nuestros hermanos, hermanas y conciudadanos de toda nuestra región a asumir un rol consciente y vigilante en el cuidado y protección del medio ambiente y a desarrollar buenas prácticas de adaptación y mitigación frente a los efectos negativos que el calentamiento global viene generando en nuestras vidas.


Qosco, 28 de Agosto del 2009

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