Actuación del juez Barreto genera desconfianza en la lucha contra la corrupción

Pronunciamiento del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (integrado por: Forum  Solidaridad  Perú,  Grupo  Propuesta  Ciudadana,  Coordinadora  Nacional  de  Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro Derechos Humanos, Centro Interamericano de Gobernabilidad, Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, Desco, Fovida, Jubileo Perú)

Ha  culminado  la  primera  etapa  del  proceso  judicial  contra  Rómulo  León  Alegría,  Alberto Químper,  Fortunato  Canaán  y  otros  implicados  en  el  escándalo  de  corrupción  en  la concesión  de  cinco  lotes  petroleros  nacionales;  y  ante  la  cuestionable  actitud  del  Juez Jorge Barreto, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción1 expresa a la ciudadanía, al Poder Judicial y a todas las instancias del Estado lo siguiente:

1.‐ La  lucha  contra  la  corrupción  y  la  impunidad  en  el  Perú  requiere  de  jueces  y  autoridades  transparentes,  que  actúen  dentro  de  los  cánones  de  la  ley  y  la  justicia, rechazando  cualquier  presión  política  y  sin  concesión  alguna  a  los  encausados  en  dichos delitos.  Sin  embargo,  el  cumplimiento  de  esas  exigencias  básicas  no  ha  caracterizado  la actuación judicial durante el proceso contra Rómulo León y otros.

2.‐ El  caso  de  corrupción  en  la  concesión  de  5  lotes  petroleros  –y  otros  negociados descubiertos‐  que  tuvo  como  principal  actor  al  ex  ministro  aprista,  es  quizás  uno  de  los más emblemáticos de los últimos 5 años en nuestro país.  Recordemos que, incluso, luego de  la  difusión  de  los  denominados  “petroaudios”  y  el  inicio  de  las  investigaciones,  tuvo que dimitir el premier Jorge del Castillo y su gabinete.

3.‐ Sin embargo, durante los 15 meses que ha durado la primera etapa de este proceso, las decisiones  tomadas  por  el  Juez  Jorge  Barreto  han  despertado  desconfianza  sobre  la verdadera  voluntad  del  Poder  Judicial  para  combatir  la  corrupción.  Algunas  de  esas acciones, que nos llevan a temer un desenlace de impunidad son:

• La dilación el proceso de manera cuestionable, postergando injustificadamente las diligencias judiciales correspondientes.

• El juez desestimó la denuncia por asociación ilícita para delinquir presentada por la fiscalía, reduciendo la posibilidad de sanción de cárcel prevista, de hasta 15 años, a un  máximo  de  sólo  10  años,  generando  un  precedente  preocupante  para  otros casos de corrupción.

• El  juez  no  incluyó  como  pruebas  los  informes  de  la  Contraloría  General  de  la República  que  determinan  la  comisión  de  irregularidades  en  la  concesión  de  los lotes  petroleros.  Sin  embargo,  a  inicios  del  presente  mes,  la  Tercera  Sala  Penal ordenó al juez Barreto incorporar al expediente dichos informes. Al respecto, nos preocupa la información de diversos medios de comunicación indicando que el juez Barreto  habría  solicitado  a  peritos  particulares,  la  emisión  de  un  informe  sin sustento  técnico  y  que  podría  beneficiar  a  los procesados,  mas  aún  cuando  ha impedido que el Ministerio Público interrogue a dichos peritos sobre la idoneidad de los peritos y el sustento técnico del informe.

• Las  diligencias  de  visualización  del  CPU  del  principal  procesado,  Rómulo  León Alegría,  fueron  realizadas  sin  la  presencia  del  Ministerio  Público  ni  de  la Procuraduría. El juez Barreto impidió la participación de las partes denunciantes, sólo él y el abogado de Rómulo León pudieron revisar 400 correos electrónicos, de los 73 mil archivos presentados por la Fiscalía.

• El  pasado  22  de  diciembre,  el  juez  Barreto  indicó  que  no  se  incorporaría  a  las pruebas  del  caso  los  aproximadamente  100  audios  vinculados  a  los  delitos  de corrupción  investigados.  Según  indicó,  éstos  no  habrían  sido  presentados  como prueba,  pero  tanto  el  Ministerio  Público  como  la  Procuraduría  han  desvirtuado esta  versión  ya  que  el  juez, al  ser  responsable  de  conducir  el  proceso,  tenía  la facultad de solicitar de oficio los audios, si es que no estaban inicialmente.

A estas acciones, habría que sumar la decisión que tomó, por 2 votos a 1,  la Tercera Sala Penal Especial – en julio de 2009 – que permitió la excarcelación temporal de Rómulo León Alegría.

4.‐ Por  estas  razones,  el  Grupo  de  Trabajo  Contra  la  Corrupción  se  suma  a  los cuestionamientos al accionar del juez Barreto y la preocupación de quienes explican estas acciones en la intención de los magistrados de lograr la impunidad y la absolución de los procesados,  así  como  evitar  que  se  profundicen  las  investigaciones  para  determinar responsabilidades en otros niveles del poder público en nuestro país.

5.‐ El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción espera que la siguiente etapa del proceso ‐juicio  oral‐  se  desarrolle  con  ajuste  a  ley  y  permita  sancionar  la  comisión  de  los  graves  actos de corrupción que todos los peruanos y peruanas hemos podido conocer. Creemos que  la  situación  generada  por  la  actuación  del  juez  Barreto  puede  ser  revertida  si  la siguiente instancia  actúa  de  acuerdo  a  ley  y  sin  concesiones  a  la  corrupción.  Asimismo, instamos a que la Oficina de Control de la Magistratura evalúe una posible investigación a la  actuación  del  juez  Jorge  Barreto  para  determinar  si  se  habría  configurado  una inconducta funcional frente a todos los antecedentes descritos.

6.‐ Desde  la  sociedad  civil  esperamos  que  el  Poder  Judicial  demuestre  con  decisiones claras su efectivo interés para combatir la corrupción, y revierta la desconfianza generada en  la  ciudadanía  frente  a  sus  mecanismos  de  administración  de  justicia.  Reiteramos  que nos  mantendremos  vigilantes  y  atentos  a  las  acciones  que  las  autoridades  judiciales realicen, ya que los peruanos y peruanas no permitiremos que siga avanzando la creciente impunidad.

Lima, 22 de enero de 2010

Informe oficial sobre Bagua: una burla al país, al pueblo amazónico y a los muertos

La Coordinadora Político Social (CPS) transmite a la opinión pública nacional e internacional su más profunda indignación por el contenido del Informe Oficial sobre los sucesos de Bagua orquestado por el Gobierno de Alan García Pérez, que encubre a los verdaderos responsables de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, que malintencionadamente acusa a los pueblos amazónicos como responsables directos de las muertes y por haberse dejado manipular por elementos “externos” como los partidos de oposición, un sector de la iglesia y la prensa independiente.

El Informe no dice que la lucha de los pueblos amazónicos organizados en AIDESEP fue una lucha justa en defensa de su territorio y por el derecho a su propia existencia; en contra del plan de transnacionalizar la amazonía, entregando al gran capital extranjero la explotación y el saqueo de los recursos naturales, impulsando una política de exterminio de los pueblos originarios, que son legítimos propietarios de esos territorios que ocupan desde tiempos inmemoriales.

El Informe no dice que frente al conflicto amazónico, el gobierno de García Pérez optó por el camino de la violencia; pisoteando normas internacionales como el Convenio OIT 169 que obliga a realizar una consulta antes de implementar cambios que afecten los derechos de las comunidades indígenas. Que la mayoría parlamentaria formada por las bancadas de Unidad Nacional, los Fujimoristas y los Apristas, hicieron oídos sordos a las demandas del pueblo amazónico y a las exigencias de AIDESEP de derogar los DL contrarios a la Amazonía y a la soberanía del Perú; esto antes que sucedan los hechos lamentables.

Tampoco señala que hubo responsabilidad política en la orden de desalojo a través de una represión sangrienta en la “curva del diablo”, en donde las comunidades amazónicas estaban protestando para denunciar los atropellos a sus derechos constitucionales. No dice que la  heroica y firme lucha de los pueblos amazónicos, terminó en la memorable movilización de repudio general contra el gobierno el 11 de Junio del 2009, asestando una contundente derrota política al régimen de García Pérez, y obligando al congreso, en contra de su voluntad, a derogar los DL 1068 y 1088.

El Informe del oficialismo tampoco señala que luego de los sucesos de Bagua el Gobierno no ha tenido el más mínimo interés en llegar a acuerdos satisfactorios con la representación de AIDESEP.  Más bien, aplicando la política de la mecedora en las mesas de dialogo, desconociendo y luego intentando liquidar AIDESEP, persiguiendo a sus dirigentes; se propuso recuperar tiempo para volver con su plan de privatizar la Amazonía.

La CPS señala claramente que si no cesa el plan de entregar a la voracidad de las transnacionales los recursos de la selva, si no se respeta los derechos de propiedad y derechos humanos irrenunciables de las comunidades indígenas de la selva, si no acaba la persecución a los dirigentes nativos y no se permite el retorno de Alberto Pizango sin criminalizarlo, será de responsabilidad exclusiva del Gobierno el estallido de nuevos conflictos y violencia en la Amazonía y en todo el país.

La CPS, transmite su firme respaldo y su solidaridad a los pueblos amazónicos y a AIDESEP que los representa, y llama a forjar la unidad más amplia de todo el pueblo peruano, de las fuerzas democráticas y patrióticas para recuperar nuestra soberanía nacional, cada día mas erosionada, y enfrentar el plan antinacional, antipopular y represivo del gobierno aprista; para construir una alternativa política soberana y popular capaz de derrotar al modelo entreguista, neoliberal y al régimen de García Pérez, y a la derecha continuista que hoy colabora con él, en la perspectiva de conquistar un gobierno democrático y patriótico, una nueva  constitución que represente a todos los pueblos del Perú, un estado plurinacional y multicultural y una economía al servicio de las grandes mayorías.

Finalmente, la CPS expresa su conmoción y sus condolencias por la tragedia que sufre el pueblo de Haití, que ha sido devastado por la furia de la naturaleza y por la furia de la espantosa pobreza que los agobia, en la que también la responsabilidad del imperialismo y de las políticas de saqueo de las transnacionales no es ajena, en contra de los pueblos de en America Latina.

Lima, 15 Enero 2009

PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA REGION PIURA

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POR JUSTICIA, PAZ Y DIÁLOGO EN NUESTRA REGION Y EL PAIS

Las instituciones y ciudadanos que suscribimos, frente a los lamentables hechos de violencia que vienen aconteciendo en el distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, expresamos a la ciudadanía y el país:

1-Desde Piura y en el día Internacional de los Derechos Humanos, Hacemos nuestro, el dolor por la pérdida de siete valiosas vidas humanas, y nos solidarizamos con el sentir de sus familiares. Rechazamos cualquier tipo de acto violento contra poblaciones civiles indefensas de la sierra piurana y los realizados en el ilegal campamento minero o en cualquier ámbito de nuestra región.

2-Denunciamos la violencia que se viene dando, contra poblaciones civiles indefensas de la sierra piurana. Con órdenes superiores y de jueces, la Policía Nacional  amparada en el inconstitucional D.Leg. 982, enluta familias asesinando a campesinos como en tiempo de los gamonales. Otra vez, el Estado al servicio de los grupos de poder, permite que los policías y militares puedan usar a su criterio sus armas contra los manifestantes, causar muerte y lesiones sin responder por ello (criminalización de la protesta social).

3-Las comunidades y pueblos de la sierra piurana democráticamente dijeron NO A LA MINERIA METALICA y decidieron por amplia mayoría en la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, apostar por un modelo de desarrollo sostenible basado en la agricultura. Defienden también, los páramos y bosques de neblina, fuentes de agua de toda la región Piura, sustento de la actividad agro exportadora actual y futura de los pequeños y medianos productores, el consumo humano y otras actividades productivas y de servicio.

4-Los hechos acontecidos el 02 de diciembre del presente año,  en el caserío Cajas – Canchaque, con el pretexto de capturar a quien una semana antes, se había presentado voluntariamente a declarar en compañía de su asesora legal y no habiéndose hecho presente el Fiscal, fueron asesinados dos comuneros y heridos otros 6, -uno de ellos con riesgo inminente de perder una pierna-. La intervención de la PNP, violentando el debido proceso, muestra a un gobierno represivo, que se niega a escuchar las demandas reiteradas de diálogo planteadas por las comunidades y sus dirigentes; mostrando en contraste, un servilismo vergonzoso, lleno de faenones, ante el capital extranjero chino y otras transnacionales que requieren materias primas, sin importarle la degradación de nuestro medio ambiente y los tesoros de agua dulce, biodiversidad y especies únicas ara la vida de nuestro planeta.

Exigimos:

a)Respeto de los derechos fundamentales de las personas donde prime el debido proceso, que no propicie detenciones arbitrarias, torturas, ni más muertes absurdas e injustas, por el uso indiscriminado de la fuerza de parte de la Policía Nacional.

b)Cese de persecución y represión contra los comuneros y sus dirigentes, así como la asistencia en salud e indemnización a los comuneros y familias  agraviados.

c)El retiro inmediato de la empresa minera Rio Blanco Zijin, que de manera ilegal viene usurpando parte del territorio comunal, generando malestar en la población de la zona, además, de la ONG “Integrando” vinculada al  Grupo Romero, cuya presencia propicia el crecimiento del conflicto social en estos lugares.

d)Al Ministerio Publico y al Poder Judicial,  actuar con ética e imparcialidad, con estricto apego al Estado de Derecho y de justicia. Asimismo, sanción ejemplar para los autores materiales e intelectuales de estos lamentables hechos.

e)Investigación a fondo, imparcial y exhaustiva del comportamiento policial en la sierra piurana, cuyo actuar nos hace ver ante el mundo como una “republiqueta” que por un lado propone desmilitarización continental, y en nuestra tierra aplica la militarización y represión contra sus propios ciudadanos.

f)La conformación de una comisión investigadora del Congreso de la República y la intervención en el seguimiento de las investigaciones de la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Diócesis de Chulucanas.

g)Suspender la pretendida militarización de la zona, la que pone en riesgo los derechos de la población local, como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades.

h)Se reinicie el proceso de diálogo, con las autoridades municipales y  verdaderos representantes de las organizaciones sociales, agrupadas en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), tal como lo han venido siendo solicitado reiteradamente con el fin de encontrar pronto una salida pacífica y definitiva a este conflicto.

Piura, 8 de diciembre de 2009.

REMURPI, Central Piurana de Cafetaleros - CEPICAFE, CONVEAGRO, APROMALPI, CEPIBO, CIPCA, Radio Cutivalú, Grupo Impulsor Para que no se Repita, Cooperaccion, FDSFNP, Comunidad Campesina Segunda y Cajas, Central Única de Rondas Campesinas de la Provincia de Huancabamba, Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayavaca, Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas Hualcuy – Ayavaca, Comunidad Campesina de Yanta – Ayavaca, CECOBOSQUE, ADIMTA, CGTP – Piura, Red Regional Agua y Desarrollo, Tierra y Libertad, PODER, Revista Labor, Piura para todos, Partido Socialista Piura, Agro si, FEDEPAZ, Grupo Ciudadano Piura Vida y Agro “Godofredo García Baca”, PIDECAFE-PROGRESO, Asociación Hijos de El Carmen de la Frontera, Coordinadora de Izquierda Universitaria CIU, Asociación de Chalacos y Caseríos Residentes en Piura, continúan firmas……

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) suscribió el contrato de concesión del segundo puerto más importante del país, el Puerto Público de Paita, el miércoles 9 de setiembre. Pese a las duras críticas que recibió todo el proceso se realizó la firma de dicho contrato, adelantándola de manera sorpresiva, a pesar de estar programada para el día lunes 14 de setiembre.

El 15 de marzo de 2009 se realizó una consulta popular en la provincia de Paita, donde el 87,01% de los consultados se opuso a la concesión del puerto. Si bien la población desea la modernización del puerto, la crítica principal se basa en la modalidad y la entrega de un puerto estratégico peruano a manos de empresarios extranjeros.

A pesar de ello, el 31 de marzo de 2009, PROINVERSIÓN dio la buena pro del puerto piurano al Consorcio Terminales Euroandinos (TPE), el único de los tres postores que entregó su oferta técnica y económica.

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestras preocupaciones con relación a este proceso y a sus potenciales impactos:

1. No es solo un puerto: La rehabilitación y modernización del Terminal Portuario de Paita es uno de los proyectos que constituyen un corredor económico anexo al Corredor Vial Amazonas Norte-CVAN, carretera 960.40 km de longitud, que conectará Paita con Yurimaguas atravesando Costa, Sierra y Selva peruana. Son parte de la Iniciativa para Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un conjunto de más de 500 proyectos de transporte, telecomunicaciones y energía que se ejecutan en los 12 países sudamericanos.

2. Ineficaz contra la crisis: Recordemos que el motivo para apurar la concesión ha sido la urgencia de inversiones frescas para evitar la crisis económica. Por los plazos establecidos, la inversión en las obras que el puerto necesita recién empezarán, en el mejor de los casos, dentro de 15 meses.

3. Indicios de corrupción: La oferta fue hecha el 31 de marzo por la mañana y a las 4 de la tarde se estaba anunciando el resultado. Mediante normas especiales le quitaron facultades a la Contraloría para intervenir en el proceso. Las bases fueron modificadas con más de 40 circulares, destinadas a reducir sustantivamente los requisitos referidos a la capacidad e idoneidad de los postores. Estas modificaciones han cumplido un papel nefasto en el proceso, promoviendo incluso el retiro de postores.

4. Soberanía y seguridad nacional: Se está entregando un puerto estratégico a un consorcio donde las empresas nacionales no lo son. El consorcio ganador está conformado por tres empresas, una de las cuales es una sucursal de la empresa Tertir (Terminais Portugal) asociada a la española Dragados que pertenece al grupo chileno Von Appen que, a su vez, maneja a la empresa Cosmos que se presenta como una de las empresas nacionales en esta concesión. Traslei del Perú –la otra empresa peruana- tiene como accionista único al mayor grupo constructor de Portugal, el Grupo Mota-Engil. Adicionalmente se anuló de manera irregular la intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de la zona reservada de Paita, considerada estratégica para efectos de la seguridad y defensa nacional, mediante el Decreto Supremo 021-2009-MTC. Lo anterior significa que TPE podrá hipotecar la infraestructura portuaria para obtener un crédito financiero, y si no cancela dichas deudas, sus acreedores pasarán a ser dueños de nuestro Terminal y el Estado no podrá intervenir.

5. Cero riesgo: De acuerdo al Contrato, durante los dos primeros años (etapa pre operativa), el concesionario no tendrá ningún compromiso de inversión, pero recibirá totalmente gratis los más de S/. 11 millones anuales de ganancias de este terminal portuario, de los cuales solo devolverá al Estado el 2%. Sin embargo en el caso de pérdida, el Estado completará las ganancias del concesionario con partidas del presupuesto público con un monto que asciende a US$353, 710,000.

6. Ganancia desproporcionada: Se trata de una modalidad de Asociación Público Privada, en la cual está implicado la provisión de un servicio público en base a infraestructura existente de propiedad estatal. Siendo la inversión inicial básicamente estatal, la empresa concesionaria se quedará con el 98% utilidades y el Estado sólo recibirá el 2% de los mismos, pese a ser el que mayor inversión está poniendo.

7. Responsabilidad: PROINVERSIÓN tiene toda la responsabilidad de haber otorgado esta concesión “particular”, pues como hemos explicado, la empresa fue el único postor que se presentó y las bases se modificaron y acomodaron según la oferta ¿Cómo es posible que una empresa con serias limitaciones (en términos de capacidad, experiencia y solvencia) haya obtenido la Buena Pro de un puerto estratégico?

Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes demandamos que:

• Se anule el contrato de concesión por las razones y cuestionamientos expresados líneas arriba.

• Se investigue el proceso de concesión y la precipitada firma del contrato con el Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), conformando una Comisión Investigadora en el Congreso de la República.

• Se establezcan mecanismos que transparenten las siguientes concesiones que involucren a los proyectos del Corredor Vial Amazonas Norte y de la IIRSA a nivel nacional; así como se evalúen, modifique y/o deroguen aquellas normas que atentan contra el interés público en los procesos de concesiones.

Asimismo, nos adherimos a la propuesta planteada por la población y autoridades del Puerto de Paita con relación a que la modernización del Terminal portuario pueda ser realizada a través de un consorcio, donde el protagonismo lo tengan instituciones públicas, como la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y la Municipalidad Provincial de Paita, sin descartar a otros actores que se estimen convenientes.

Norte del Perú, noviembre de 2009

Por la Red IIRSA Norte de Seguimiento a Inversiones en Infraestructura e Industrias Extractivas:

• Federación Distrital de Mujeres de Morales-FEDIMO San Martín

• CICEP-"MUCHIK VERDE" - Lambayeque

• GRUFIDES - Cajamarca

• ACIJE/Jaén-Cajamarca

• IDPA - Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica - San Martín

• CIPCA-Piura

• CEPESER-Piura

• Forum Solidaridad Perú - Lima

• Coordinadora Nacional de Radio

• CICAP-Lambayeque

• ADOSCIL-Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque

• Servicios Educativos Rurales-SER