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Congreso discutirá ley de consulta desnaturalizada y contra Convenio 169

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Congreso

Nota de Prensa del Grupo de Trabajo por la Ley de Consulta a los pueblos indigenas:

Pleno del Congreso discutirá una ley de consulta desnaturalizada y en contra del Convenio 169 de la OIT

El Pleno del Congreso de la República discutirá mañana una ley de consulta que desnaturaliza la ley original aprobada en consenso con los pueblos indígenas el 19 de mayo y que contraviene el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Perú.

El texto de allanamiento presentado por la Comisión de Constitución no solo añade las observaciones hechas por el Ejecutivo sino que contiene agregados que lo convierten en un nuevo texto que afecta seriamente los derechos de los pueblos indígenas.

El texto propone más allá de las observaciones planteadas por el Ejecutivo, que la consulta en materia de territorio solo procede sobre las áreas en propiedad, lo cual es contrariamente opuesto a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, sentencias vinculantes sobre la materia dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos y Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Ello además de ser interpretado en un plano de responsabilidad internacional, cuestiona la propia constitucionalidad del Convenio pues se estaría legislando de forma opuesta a la obligación internacional.

Es importante recordar que el día de mañana se verá el dictamen aprobado por mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento que se pronuncia por el allanamiento, publicado en el Portal del Congreso el 6 de agosto de 2010. De igual manera el dictamen aprobado por unanimidad de la Comisión de Pueblos Andinos, que se pronuncia por la insistencia, publicado en el Portal del Congreso el 12 de julio de 2010.

Las organizaciones indígenas representativas vienen levantando su voz de protesta contra el dictamen de allanamiento y piden al Congreso de la República que respete los derechos de los pueblos indígenas y apruebe la ley consensuada con los pueblos indígenas el 19 de mayo.

Grupo de Trabajo por la Ley de Consulta a los pueblos indigenas

Lima, 18 de agosto del 2010

Última actualización el Miércoles, 18 de Agosto de 2010 16:24

Comunicado a tres años del terremoto de Pisco

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A TRES AÑOS DEL TERREMOTO

A tres años de acontecido el terremoto que afectó diversas localidades de Ica, Huancavelica y la sierra de Lima, si bien reconocemos el esfuerzo desplegado por gran cantidad de funcionarios del Estado -en particular en el nivel regional y local-  no podemos dejar de señalar que a la fecha, los logros de la reconstrucción son sumamente limitados, por lo cual consideramos pertinente expresar lo siguiente:

1. La reconstrucción debió ser asumida como una oportunidad para efectuar un planeamiento estratégico de toda la zona, con participación de los afectados, para generar así su progresiva inclusión social y económica. Por el contrario, hasta hoy no se ha formulado ningún Plan que guíe la acción de las autoridades locales ni de la cooperación técnica. No hubo ni hay una voluntad política que articule el aporte solidario de los cientos de profesionales y voluntarios que acudieron al servicio de la zona afectada, y que traduzca los logros parciales y localizados en políticas que pudieran ser replicadas para toda la población.

2. El Estado no formuló los objetivos de la reconstrucción mediante un Plan que contemple en conjunto la recuperación de la vivienda, los espacios públicos, la infraestructura productiva y la economía local, ni que proponga la integración de las mayorías a la bonanza económica producto de la economía agroindustrial, particularmente en la costa iqueña. En este sentido, FORSUR fracasó. Muchas tareas cruciales, como la rehabilitación de la infraestructura de riego en muchas zonas ni siquiera se han iniciado, y las que se encuentran en proceso, como la recuperación de infraestructura vial y de las viviendas y colegios se lleva a cabo entre la demora y la indolencia, cuando no en la irregularidad y la falta de transparencia.

3. Pese a que el Estado cuenta con los diversos estudios y recomendaciones formuladas por la cooperación internacional, universidades, ONGs y los propios funcionarios públicos, no se ha organizado un servicio de asesoría técnica, legal y de capacitación para que la reconstrucción hecha por las propias familias produzca viviendas dignas, saludables y seguras. Por el contrario, se está reconstruyendo la inseguridad, la precariedad y la informalidad, condiciones que magnificaron las consecuencias humanas y sociales del sismo.

4. Llamamos la atención sobre el inaceptable retraso y paralización en la entrega del Bono 6 mil, compromiso del Estado con decenas de miles de familias afectadas a las que se reconoció este derecho, punto de partida para la reconstrucción de sus viviendas. Habiéndose comprometidos aproximadamente 72 mil bonos, sólo se ha cumplido con entregar poco más de 28 mil tarjetas, las mismas que no equivalen automáticamente a hacer efectivo el bono y mucho menos se traducen en viviendas reconstruidas, que son en la actualidad menos de 15 mil unidades. Como consecuencia, son miles los que siguen viviendo en campamentos, refugios, carpas, hacinados, sin servicios básicos, etc. y expuestos a severas variaciones del clima, arriesgando en especial la salud de los niños y los adultos mayores.

No podemos sentirnos orgullosos de los éxitos económicos del país, mientras miles de familias sufren las consecuencias de la ineficiencia y morosidad del gobierno en el cumplimiento de sus compromisos y en garantizar las condiciones necesarias para recuperar el tejido social y económico de las localidades afectadas.

Los abajo firmantes renovamos nuestro compromiso con los pueblos de Ica, Huancavelica y Lima, y llamamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a ser más críticos y vigilantes con las tareas que el Estado tiene pendientes con las peruanas y peruanos afectados por la terrible tragedia sufrida y que hoy creemos es un deber recordar.

FIRMAS:

Yann Olivier Barnet CE 000454233 / Teresa Cabrera Espinoza DNI 42507227 / Elvis Ernesto Mori Macedo DNI 40804491 / Carmen Noriega Jugo DNI 40919555 / Nicolás Lynch Gamero DNI 10270250 / Irma Pflücker Vilca DNI 42612713 / Gustavo Riofrío Benavides DNI 07564491 / Juan Tokeshi Gusukuda O Shirota DNI 07355120 / Javier Torres Seoane DNI 07559232 / Pablo Vega-Centeno DNI 10587917 / Mario Zolezzi Chocano DNI 08242379 (siguen firmas...)

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Última actualización el Viernes, 13 de Agosto de 2010 17:11

Por una comunicación democrática e incluyente

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Las organizaciones convocantes del Encuentro "Movimientos sociales, redes de comunicación y gobiernos: un diálogo necesario para democratizar la comunicación e impulsar la integración" (Asunción, 9-10 de agosto 2010), invitamos a las organizaciones y entidades sociales, medios y redes de comunicación y a quienes se sientan identificados, a adherirse a este pronunciamiento.

Movimientos sociales, organizaciones y redes de comunicación de América Latina y el Caribe, presentes en el IV Foro Social Américas, reafirmamos que es indispensable democratizar la comunicación para la construcción de la soberanía e integración de nuestra América.

En estos tiempos de transformación que vivimos en América Latina, hoy más que nunca los medios de difusión corporativos, que son parte del poder económico, se convierten en los principales opositores de estos procesos, constituyéndose en aliados de los sectores más conservadores de la política, incluso de golpistas, -como sucede en Venezuela desde 2002 y en Honduras desde 2009- llegando a ejercer un verdadero terrorismo mediático.

Por otro lado, vivimos una coyuntura política donde la experiencia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y de los gobiernos democráticos y antiimperialistas abre nuevos cauces para la democratización de la comunicación. Esto, crea la necesidad de políticas públicas que garanticen el avance de este proceso la participación de los pueblos con sus diversidades, saberes y expresiones organizativas; impidiendo los monopolios y oligopolios y regulando la acción de los grupos que ejercen la comunicación como negocio en lugar de un servicio público y un derecho social.

En tal sentido, vemos con optimismo las iniciativas para debatir e impulsar nuevos marcos legales en países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Bolivia, entre otros. Estas iniciativas han sido promovidas desde el ejercicio de participación de las organizaciones sociales y redes de comunicación popular. Estas últimas han acumulado valiosas experiencias de formación en comunicación, desarrollo de medios populares, alternativos y comunitarios, articulación en redes y producción propia en el marco de una cultura popular, que debe ser respetada, fomentada y apoyada por los Estados, generando espacios permanentes para su difusión.

Apreciamos que el nuevo escenario continental abra oportunidades y a la vez desafíos para contribuir a la integración de nuestros pueblos, promoviendo la solidaridad, facilitando el diálogo intercultural, integrando la diversidad de voces y visibilizando los pueblos originarios y afrodescendientes, poblaciones migrantes, mujeres, niñas, niños y jóvenes, para hacer en conjunto otra "América posible".

En tal sentido proponemos a los países miembros de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR)

• que los programas de integración incorporen a la comunicación como uno de sus elementos constitutivos y constituyentes,
• que deben plasmarse en iniciativas como:

- observatorios de medios a nivel regional con participación de organizaciones sociales y de la academia;
- formación de consejos consultivos de la sociedad civil
- creación de un instituto de formación de comunicadores/as
- programas de integración con soberanía regional en infraestructura y sistemas de las tecnologías de la información y la comunicación.
- el impulso de políticas públicas para medios en zonas de fronteras que favorezcan la integración de los pueblos con sus diversidades.

Afirmamos que la Comunicación es un Derecho de todas las personas y colectividades. Este derecho implica garantizar diversidad y pluralidad. No nos conformamos con las proclamas empresariales que reducen la libertad de expresión a la libertad de empresa. No se trata solamente de que los Estados no censuren a la prensa. Entendemos necesaria la implementación por parte de los Estados de políticas públicas, con participación ciudadana, para el ejercicio pleno de los derechos a la Libre Expresión, a la Información y a la Comunicación de todos y todas y que reconozcan el derecho de los pueblos originarios a gestionar sus propios medios desde sus identidades.

También proponemos a nivel de cada pais:

- la creación de observatorios de medios a nivel nacional como un ejercicio de control ciudadano que analice y devele el rol de los medios en la sociedad;
- que se asegure el libre acceso a la información pública;
- que se impulsen y desarrollen los medios públicos, con participación ciudadana, diferenciados de los medios gubernamentales;
- que se asegure el acceso y utilización universal de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación;
- que se democraticen los programas de formación en comunicación a todos los niveles, incluyendo cambios curriculares en las universidades para ajustarlos a los nuevos tiempos que vive la región y para fortalecer la integración latinoamericana y caribeña.
- que los Estados promuevan y apoyen a los medios populares, alternativos y a sus redes

Reconociendo que hoy la comunicación es escenario de una disputa de sentidos entre modelos de sociedad, convocamos a profundizar el diálogo entre movimientos sociales, actores de la comunicación y gobiernos para democratizar la comunicación. En ese sentido instamos a la creación de mecanismos permanentes en todos los niveles para hacer efectivo ese dialogo.

Asunción, agosto de 2010

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica - ALER
La Minga Informativa de Movimientos Sociales
Red Nacional de Emisoras de Paraguay
Alianza Social Continental
Grito de los Excluidos/as
Marcha Mundial de las Mujeres
Foro Argentino de Radios Comunitarias FARCO
Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas –CONAMURI, Paraguay
Educación Radiofónica de Bolivia – ERBOL

Adhesiones:

Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura-FLATEC
Central Sindical de las Américas – CSA
Asociación Civil Latinoamericana, Comunicación / Capacitación / Cultura,
Central Unica dos Trabalhadores CUT-Brasil
Central de Trabajadores de Argentina – CTA
Centro de Estudios da Media Alternativa Barao de Itarare
Asociación Civil Nosotros F.M. 989.1 La Nueva-FARCO Formosa –Argentina
F.M. Comunitaria San Pedro dep. GuaYaZan- Santiago del Estero –Argentina
F.M. Libertador-Posadas, Misiones-Argentina
Red de Radios Comunitarias de Santiago del Estero-Argentina
Radio La Voz de las Madres- Madres de Plaza de Mayo-Buenos Aires, Argentina
Coordinadora Nacional de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay
Alianza Internacional de Habitantes
Canal Educativo y Cultural “Aradu Rape”

Adhesiones: por Web: http://www.movimientos.org/foro_comunicacion/democratizar2010/
Por mail:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Última actualización el Viernes, 13 de Agosto de 2010 16:15

CNDDHH expresa preocupación por situación en la región Cusco

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A raíz de los conflictos sociales que atraviesan en estos días el sur del país, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa:

1. Que, desde el mes de mayo y junio del presente año, en la Región Cusco se vienen produciendo una serie de demandas hacia el gobierno central, centradas en cuestionar la ejecución de proyectos como: Inambari, Majes Siguas II, Salcca Pucara, Gas de Camisea, así como en las concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos y minería, y la exigencia de que el Gas favorezca al sur del Perú.

2. La mayoría de estos proyectos se desarrollan en sectores pobres, comunidades campesinas, quechuas, aymaras o nativas, donde la información es escasa. Por tanto, es necesario que el Estado garantice los derechos de estas poblaciones a ser consultados previamente, así como a brindar información oportuna sobre las ventajas o desventajas que generaría su ejecución, para que en base a ello decidan libremente.

3. Que, en tal sentido, el Gobierno debe saber escuchar y dialogar con las poblaciones afectadas por estos proyectos y evitar de esa forma hechos lamentables, como los ocurridos el día de ayer, con el saldo de 17 personas heridas.

4. Nuevamente pedimos al gobierno evitar el uso indiscriminado de la fuerza, así como tomar medidas que busquen el diálogo con la población, y no generen situaciones que hagan más tensa dicha posibilidad.

5. Exhortamos al Gobierno Peruano a evitar daños mayores con una mayor voluntad de diálogo y no imponiendo acciones represivas, e invocamos a la población a desarrollar sus demandas en el marco de la legalidad existente. Hacemos un llamado a ambas partes para que desarrollen un diálogo franco y respetuoso, aceptando de ser necesario el rol mediador en el conflicto que importantes autoridades religiosas han ofrecido.

Lima, 05 de Agosto del 2010.

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Comité de Lucha de La Convención ante declaratoria de Estado de Emergencia

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Tras una Asamblea de Bases realizada el día de ayer (lunes 02 de agosto), el Comité Central de Lucha de la Provincia de La Convención (Cusco) ha emitido este pronunciamiento en el que reafirma el paro indefinido con una plataforma que incluye los siguientes puntos: NO exportación del gas de Camisea; revisión de los contratos de concesión; paralización inmediata de la construcción del ducto paralelo que afectaría el santuario natural de Megantoni; y construcción de una planta de fraccionamiento en Kepashiato para consumo del gas en la macroregión sur. En el pronunciamiento además rechazan el Estado de Emergencia dictado por el Gobierno central en La Convención, considerándolo una actitud de provocación e intimidación que, aseguran, no los aminala en su posición de soberanía e independencia nacional. El Comité de Lucha también rechaza las acusaciones de que el paro tendría interés electoral, y denuncia el "desmesurado afán" del Gobierno aprista por defender prioritariamente los intereses de las empresas transnacionales. El pronunciamiento está firmado en Quillabamba (capital de La Convención) por Ricardo Gómez, secretario general de la SUPCACYL, y Maximiliana Puma, secretaria general de la FEPTRACYL, ambas organizaciones gremiales de La Convención y Lares que forman parte del Comité de Lucha.

Pronunciamiento por Camisea

Última actualización el Martes, 03 de Agosto de 2010 12:23

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