Es una obligación del Estado. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó hace una semana una serie de observaciones al Estado peruano por incumplir reiteradamente el Convenio 169 que garantiza una serie de derechos a los pueblos indígenas. Entre otras cosas, el documento insta al Gobierno peruano a suspender todas las actividades de extracción de recursos naturales que no hayan sido consultadas con los pueblos en cuestión. Con motivo de este informe, hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) realizaron una conferencia de prensa para expresar sus puntos de vista y anunciar próximas acciones.
Las observaciones han sido presentadas por la OIT luego de evaluar la Memoria Oficial al respecto presentada por el Ministerio de Trabajo del Perú el 2009, así como el Informe Alternativo presentado por 14 organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil.
En el documento, la OIT toma nota de que para el Estado peruano “consulta” significa “los procesos por los que se intercambian puntos de vista”, por ejemplo los mecanismos establecidos por los reglamentos de participación ciudadana en hidrocarburos y minería. Esos mecanismos, asegura la OIT, son restrictivos y presentan limitaciones, pues la consulta no tiene por objetivo escuchar diversas opiniones para que el final las decisiones queden en manos de los funcionarios del Estado, sino llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, sean estas leyes, actividades extractivas u otra decisión que afecte a los pueblos indígenas. El objetivo del Convenio 169, ratificado por el Perú en 1994, es que los pueblos indígenas puedan “establecer sus propias prioridades”.
Por ello, la comisión de expertos de la OIT insta al Perú a suspender todas “las actividades de exploración y explotación de recursos naturales” que afecten a los pueblos indígenas “en tanto no se asegure la participación y consulta” a través de sus instituciones representativas, “en un clima de respeto y confianza”. De cumplirse con esta recomendación de la OIT, deberían suspenderse decenas de concesiones petroleras y mineras que se han dado en los últimos años en la selva y en la sierra, así como proyectos hidroeléctricos como el de Inambari, que hoy día motivó un paro regional en Puno. De no cumplirse esta recomendación, el Estado peruano estaría incurriendo en una grave ilegalidad, pues desde su ratificación, el Convenio 169 tiene rango constitucional en nuestro país.
La propia Defensoría del Pueblo tiene un proyecto de Ley presentado para garantizar el cumplimiento al derecho de consulta, pero el Congreso aún no lo debate.
Hernán Coronado, del CAAAP, explicó que aún no ha habido una respuesta de la ministra Manuela García, encargada del despacho de Trabajo, pero que la OIT está solicitando respuestas al Estado peruano en el curso de este año. Por otro lado, se pronunció sobre los recientes cambios en el INDEPA, asegurando que aún no se cumple con otra recomendación de la OIT que consiste en asegurar una institucionalidad que promueva de manera transversal los derechos de los pueblos indígenas, pero con participación de los mismos. Coronado explicó que, siguiendo la opinión de los expertos de la OIT, cualquier reforma en el INDEPA debería realizarse con participación efectiva de las organizaciones indígenas.
Sobre el mismo punto, Antolín Huáscar, de la CNA, denunció que el INDEPA ha perdido su espíritu original de ser un puente entre el Estado y las culturas indígenas, para convertirse en un espacio de trabajo para los militantes del Partido Aprista. Por ello, exigió un organismo más autónomo, a tono con las recomendaciones de la OIT.
Por su parte, Mario Palacios, de CONACAMI, anunció que si el Gobierno no quiere cumplir con la ley, el Poder Judicial deberá responder a una serie de acciones de amparo y denuncias judiciales que serán presentadas a fin de paralizar las concesiones que no han sido consultadas. Además, anunció que la primera semana de junio, justo cuando se recordará un año de los trágicos enfrentamientos en Bagua, en Lima tendrá lugar la 40 reunión ordinaria de los jefes de Estado de la OEA, y de manera paralela las organizaciones indígenas realizarán la III Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, a la que convocó.
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