Ahora en Puno. Mientras el cuestionado premier Yehude Simon solucionaba el conflicto de Andahuaylas y se dirigía hacia Sucuani, en Puno se inicia un paro de 72 horas exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos que afectan a las comunidades campesinas. Mientras tanto, los obreros en La Oroya siguen esperando que se concrete alguna solución con la minera Doe Run, la cual podría quedar bajo su administración.
En Andahuaylas la situación ha quedado parcialmente resuelta. Luego de una larga reunión entre los dirigentes campesinos y el premier, acordaron suspender la huelga hasta septiembre a la espera de que el ejecutivo cumpla con los acuerdos. Los campesinos demandaban la derogatoria de los decretos legislativos faltantes que afectan a las comunidades indígenas, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, el asfaltado de la carretera Abancay-Andahuaylas-Chincheros-Ayacuho, la derogatoria de las leyes que criminalizan las protestas, la suspensión del inicio de cualquier concesión minera en la zona y la derogatoria de la ley de carrera pública magisterial. Ante ello el gobierno aceptó revisar todas las demandas y hacer las gestiones necesarias para hacer llegar las opiniones de los dirigentes sobre los decretos y leyes cuestionados. Sin embargo, algunas organizaciones campesinas han manifestado su desconfianza con que el gobierno cumpla sus acuerdos y no descartaron reiniciar sus manifestaciones hasta lograr una solución completamente satisfactoria.
En Canchis la situación no ha sido tan sencilla de solucionar. Los campesinos exigían la solución inmediata a tres demandas: la nulidad inmediata de la concesión de la hidróeléctrica Salcca Pukará, la anulación de todas las concesiones mineras del Cuzco y la derogatoria de los decretos legislativos que han quedado pendientes. Con respecto a la hidroeléctrica este ha sido el resurgimiento de un conflicto que el mismo Simon había “resuelto” al principio de su gestión. La mesa de diálogo con la delegación ministerial no llegó a buen término. Los comuneros manifestaron no sentirse satisfechos con las propuestas planteadas por el Ejecutivo, ante lo cual no les quedó otra opción que anunciar que continuarán con las medidas de fuerza para impedir la construcción de la central hidroeléctrica.
En la Oroya el conflicto ha tomado un giro inesperado. El gobierno propuso a los trabajadores en huelga otorgarles la administración de la empresa. Eso se lograría mediante la interposición de una medida cautelar ante el poder judicial para declarar la empresa en quiebra, paso previo necesario para transferir la administración. La medida, calificada de histórica por el arzobispo de Huancayo, fue tomada con cautela por los obreros. Ellos tuvieron una asamblea durante la tarde de hoy donde discutieron la propuesta. Finalmente la aceptaron, y decidieron suspender por 30 días su medida de fuerza.
Finalmente en Puno, varias organizaciones quechuas y ayamaras han iniciado un paro de 72 horas, exigiendo la derogatoria de los decretos y de la ley de recursos hídricos. El Paro habría sido acatado parcialmente por las organizaciones que bloquearon las carreteras de acceso a la ciudad.
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