(Foto: conferencia del 9 de junio en Bagua)
Graves irregularidades. Testimonios de primera mano recogidos por abogados de organismos de derechos humanos demuestran que las autoridades no están colaborando con el esclarecimiento de los hechos de violencia que tuvieron lugar el viernes pasado en la provincia de Bagua. Así lo aseguró esta mañana Juan José Quispe, de APRODEH, durante la conferencia de prensa del equipo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que estuvo en la zona desde el sábado 6 hasta el jueves 11 de junio.
Los abogados confirmaron que hay una serie de irregularidades que, a su juicio, hacen que la investigación preliminar realizada hasta el momento por la Policía y por la Fiscalía sea “nula de pleno derecho”. Una primera irregularidad tiene que ver con el hecho de que autoridades civiles recién habrían ingresado el miércoles 10 a la zona de los cerros de la Curva del Diablo, donde numerosos testigos han afirmado reiteradamente que se produjo un crudo enfrentamiento con varias víctimas mortales. Si bien el fiscal Ventura Loayza integró una comitiva para buscar cuerpos el lunes 8 (dos días después de los hechos), la misma solo habría sido autorizada por la Policía para ingresar hasta cierto punto. Estas extrañas demoras permiten el surgimiento de numerosas especulaciones y de un gran escepticismo ante las cifras oficiales de 33 víctimas mortales. Según Víctor Álvarez, de la CNDDHH, los testimonios recogidos de personas que estuvieron presentes en el momento del enfrentamiento refieren que por el nivel de violencia, el número de víctimas podría haber sido mayor que el reconocido por el Ejecutivo. Los abogados confirmaron que los indígenas y la población de Bagua maneja numerosas versiones acerca de cadáveres recogidos en helicópteros de manera irregular y arrojados al río.
En tanto, hay aún un alto número de personas desaparecidas. Según Quispe, la lista preliminar que están elaborando tiene los nombres de 61 indígenas de los cuales no se sabe nada desde el viernes 6. Sin embargo fuentes de la Vicaría de Jaén, que están cruzando información para esa misma lista, no quisieron confirmar ninguna cifra y anunciaron que este fin de semana tendrán mayores precisiones. En todo caso, Álvarez aseguró que la mayoría de testigos entrevistados refirieron que habían llegado a Bagua acompañados de parientes de los cuáles aún no conocen su paradero. Es probable que muchos de ellos estén escondidos o estén regresando a sus comunidades de origen a través del monte, pero la situación amerita, según el equipo de la CNDDHH, la conformación de una Comisión Investigadora que permita esclarecer los hechos.
Los abogados también refirieron que muchos de los 133 detenidos han visto violados sus derechos básicos. En primer lugar, no ha sido designado ningún intérprete para iniciar los interrogatorios, pese a que la lengua materna de los detenidos no es el castellano. Además, al menos 12 de ellos presentan signos evidentes de maltrato físico comprobados por los abogados, quienes exigieron un nuevo examen del médico legista, solicitud que fue rechazada por el fiscal. Otra irregularidad es que los detenidos en la base militar de El Milagro y en Chiclayo no cuentan con una notificación escrita que explique los cargos de los que se les acusa: es más, la Fiscalía ha emitido una resolución en la que se señala que los delitos están “por tipificar”.
Por último Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la CNDDHH, reiteró que las organizaciones de derechos humanos condenan la violencia del viernes sin distinguir si las víctimas son civiles o policías, y expresó su solidaridad con los familiares de los policías muertos, así como exigió justicia y sanción para los responsables de los asesinatos cometidos en la Estación 6 de PetroPerú.
