Dicen su palabra. Las organizaciones indígenas andinas y amazónicas del Perú presentaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Informe Alternativo 2010 sobre la situación de los pueblos originarios en el país. El informe denuncia que el Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo, tiene una manifiesta mala fe frente a las organizaciones indígenas y para con la comunidad internacional, y ha violado de manera sistemática el principio de buena fe en la aplicación de los tratados internacionales, en especial el Convenio 169 de la OIT. Ante ello, las organizaciones representantvas de los pueblos indígenas consideran que el Gobierno debe ser sujeto de sanción efectiva por parte de los organismos de control de la OIT.

En este informe las organizaciones indígenas del Perú consideran que las observaciones a la Ley de Consulta -aprobada por el Congreso y luego rechazada por el Ejecutivo- llevan a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua, e incluso, la agravan, al desconocer ahora a las comunidades del ande como pueblos indígenas. "Es claro que los argumentos esgrimidos por el señor Presidente en sus tesis del “perro del hortelano”, siguen orientando el accionar del gobierno", se indica. El informa alerta a la OIT que se pretende aprobar un procedimiento de consulta meramente formal, que no establecería límites o condicionantes efectivas para las decisiones políticas del gobierno ni para los diversos intereses privados cuyas actividades afectan derechos indígenas. Como se recuerda, la observada ley de Consulta Previa está pendiente de ser debatida nuevamente en el pleno del Parlamento.

Un caso paradigmático que contiene el informe, en este terreno, es la construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango en el río Ene, territorio del pueblo asháninka. Este ha sido calificado como un conflicto activo en el último reporte de la Defensoría del Pueblo. La celeridad en la implementación y calificación del proyecto como de “interés público” (terminología de referencia para varias observaciones en el informe), pondría en riesgo “los procesos de consulta sobre proyectos a gran escala, al privilegiar la celeridad del proceso frente a la finalidad de la consulta, carácter previo, tiempos razonables, adecuación cultural y buena fe”.

Es importante resaltar que en la actualidad existen 15 proyectos de hidroeléctricas en la amazonía peruana. Cinco de estos proyectos se encuentran en el Marañón, uno en el Huallaga, cuatro en el Mantaro, uno en el Inambari, tres en el Ene, uno en el Tambo y uno en el Urubamba. El hecho contundente es que en febrero del presente año, “el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para modificar la ley de desplazamiento interno, permitiendo los desplazamientos que se produjesen a causa de proyectos de gran escala justificados por un interés público superior o primordial”.

El informe Alternativo sobre la Situación del cumplimiento del Convenio 169 en el Perú fue presentado por la CGTP, interlocutor directo ante la OIT, y fue elaborado por cinco organizaciones indígenas representativas: AIDESEP, CONAP, CONACAMI y la CCP. El informe será discutido en noviembre, en la sesión anual de la Comisión de Expertos del organismo internacional, y en ese momentp el Estado deberá rendir cuentas subre su proceder.

Horror. Tras 10 intensos días de trabajo, peritos del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho culminaron con la exhumación de los 37 cuerpos que se encontraban en la fosa común de la comunidad campesina de Putka, en Huanta (Ayacucho). Las víctimas -entre las que se encontró una mujer que tenía ocho meses de embarazo, así como 13 niños menos de 15 años- fueron ultimadas por miembros de los Comités de Autodefensa y las Fuerzas Armadas el 25 de diciembre de 1984. Esta es una más de las alrededor de 4600 fosas comunes que existen en el país y que albergan unos 15 mil cadáveres de desaparecidos durante la guerra interna.

El 24 de diciembre de 1984, miembros de los Comités de Autodefensa (CAD) de Ccanis, Ccacas, Pampacancha y otras comunidades salieron junto a efectivos de la Marina de Guerra a buscar presuntos senderistas en el distrito de Santillana. En la madrugada del día siguiente, el grupo ingresó a la comunidad de Pago de Putka y, con engaños y amenazas, se llevó a decenas de personas a una zona descampada. Allí, fueron asesinados con cuchillos y armas punzocortantes, lo que ha quedado demostrado tras la exhumación. Sólo quedaron dos sobrevivientes que lograron llegar a donde estaban sus familiares, a un día de camino, para alertar de lo ocurrido.

Hoy, 26 años después, por fin los familiares han podido rescatar e identificar los cuerpos de las víctimas y se disponen a enterrarlos dignamente, de acuerdo con las tradiciones de la zona.

La masacre de Putka está muy relacionada con la de Putis, otra comunidad del mismo distrito que alberga la mayor fosa común del país con más de un centenar de cuerpos. Ambas masacres fueron realizadas con sólo dos semanas de diferencia, a finales del período presidencial de Fernando Belaúnde, el lapso en que más episodios de este tipo ocurrieron.

De acuerdo con los cálculos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) existen en el país unas 4600 fosas comunes con cuerpos de alrededor de 15 mil peruanos asesinados durante el conflicto armado, ya sea por militares, comités de autodefensa y elementos de Sendero Luminoso y el MRTA. Pero con el ritmo y presupuesto actual que se dispone para esclarecer estos casos, demorará más de una década culminar con la tarea, lo que significa más y más años de angustia para los familiares que ni si quiera han podido enterrar de manera digna a sus seres queridos. Casos como Putka, Putis, Umasi, Lucanamarca, Santo Tomás de Pata, el cuartel Los Cabitos, o Accomarca son sólo algunos de los nombres más conocidos de una cruda historia que los peruanos aún no terminamos de desenterrar.

Accomarca

25 años después, aún no hay castigo. En agosto de 1985, cuando recién asumía la presidencia Alan García, ocurrió la masacre de Accomarca: efectivos del Ejército asesinaron a 69 personas, incluyendo niños y ancianos. Si bien el que se considera el principal autor de la masacre, Telmo Hurtado, se encuentra detenido en EEUU a la espera de su extradición, lo cierto es que aún no hay ninguna persona condenada por este caso. Esta semana, con motivo del 25 aniversario, los familiares realizarán una misa y diversos actos de homenaje para exigir justicia y reparación.

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Preocupa. Siguiendo con su costumbre de emitir normas importantes en vísperas de feriado, el último 26 de julio -dos días antes de las fiestas patrias- el Gobierno emitió una resolución que permitirá a la empresa Agrícola del Caynarachi, propiedad del poderoso Grupo Romero, continuar con la deforestación en el distrito de Barranquita (Lamas, San Martín). La resolución ha pasado desapercibida para la prensa de Lima, pero ha causado gran revuelo en la región y ya se anuncian movilizaciones para el próximo 17 de agosto.

La resolución 476-2010 del Ministerio de Agricultura declara improcedente la solicitud que había realizado el Gobierno Regional de San Martín para que se declare la caducidad de la adjudicación de un área de 3 mil hectáreas de selva virgen concedida a Agrícola del Caynarachi para la plantación de palma aceitera a través de su proyecto “Palmas del Oriente”. Lo curioso es que a través de esta resolución el MINAG no sólo contradice a la región San Martín, sino que se contradice a sí mismo.

En efecto, la resolución “deja sin efecto” un oficio que el propio Ministerio había emitido en junio, en respuesta a la solicitud del Gobierno Regional referida a la caducidad de la adjudicación. Según dicho oficio 0982-20010-AG-SEGMA, debido a la descentralización y a la transferencia de funciones no le correspondía al MINAG resolver el caso, sino que era el propio Gobierno Regional el que debía pronunciarse al respecto. Un mes después, sin mayores argumentaciones, el Ministerio simplemente cambia de opinión y decide permitir que la deforestación continúe.

Alerta Perú conversó con Jaime Bustamante, procurador del Gobierno Regional de San Martín que está viendo el caso. Según nos explicó, la región quiere agotar la vía administrativa y para ello está estudiando de manera integral los argumentos legales, a fin de presentar en las próximas semanas un recurso de apelación. Bustamante explicó que la voluntad del Gobierno Regional es defender esta zona de la deforestación, puesto que la población local está muy vinculada al bosque tanto económica como cultural y espiritualmente y las actividades de la empresa Agrícola del Caynarachi la están afectando profundamente. También aseguró que el problema de fondo es la destrucción de la biodiversidad de la zona: “la empresa afirma que va a sembrar palma y que con eso va a reforestar, pero una vez que se ha arrasado con el bosque la biodiversidad simplemente se pierde, y eso es lo que ellos no están tomando en cuenta en su cálculo económico”, afirmó.

El Gobierno Regional solicitó en abril la caducidad de la adjudicación argumentando que Agrícola del Caynarachi había deforestado 2 mil 100 hectáreas en sólo cinco meses, cuando el contrato original establece que el desbosque debía realizarse a razón de 700 hectáreas por año. Pero hay otros argumentos, puesto que la adjudicación fue definida por el Ministerio de Agricultura sin tomar en cuenta la zonificación económica y ecológica aprobada por la región el 2006 (disponible aquí en la edición de Normas Legales), y sin exigir a la empresa un estudio de impacto ambiental.

Por otro lado, César Cárdenas, periodista ambiental de Tarapoto, explicó a Alerta Perú que la semana pasada se llevó a cabo una asamblea general en el distrito de Barranquita, donde los pobladores expresaron su molestia pero no definieron aún ninguna acción concreta. Por lo pronto, han anunciado que se plegarán a la marcha que tendrá lugar en Tarapoto el 17 de agosto, manifestación convocada con anticipación que incluye otros temas en su plataforma, pero que ahora servirá también para rechazar esta resolución. Cárdenas lamentó que el MINAG, quien hubiera podido declarar de oficio la caducidad por la violación del contrato, sólo se haya pronunciado sobre la forma y haya evitado tomar postura sobre el fondo.

Como se recuerda, en febrero el Gobierno Regional había revocado la “autorización de uso de suelo” que la empresa había solicitado para las primeras mil hectáreas, pero la empresa respondió denunciando a un funcionario regional y el caso se encuentra actualmente en el Poder Judicial. Luego, en abril, el Grupo Romero renunció a otra solicitud de adjudicación de más de 6 mil hectáreas para otro proyecto colindante con “Palmas del Oriente”. Además de estos dos proyectos, el Grupo Romero tiene inversiones en Palmawasi (Tocache) y Shanusi (Alto Amazonas) que suman casi 20 mil hectáreas adicionales. (Abundante información en el blog de César Cárdenas).

En febrero, el Ministro del Ambiente Antonio Brack respaldó la posición del Gobierno Regional, señalando que “talar bosques primarios para sembrar cualquier cosa, entre ellas palma aceitera, no se debe hacer en el siglo XXI, porque tenemos diez millones de hectáreas ya deforestadas donde se pueden hacer esos cultivos”. Sin embargo, además de su respaldo “moral”, el MINAM no ha tomado ninguna medida concreta para evitar la deforestación de la zona, y en este nuevo episodio ha permanecido callado. ¿Qué tan poderosas son las presiones del Grupo Romero?

¿Más info?

Resumen del caso – informe de CEAS

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Video: El Grupo Romero y la deforestación de Barranquita

(Foto: Agencia Chaski)

Una sola voz. Esta mañana con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones indígenas y el Grupo Parlamentario Indígena del Perú, que impulsan la aprobación de la Ley de Consulta Previa y el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, realizaron una conferencia de prensa donde se expresaron las propuestas, demandas y acciones que seguirán las comunidades nativas.

Es importante señalar que dicha fecha fue aprobada por la Asamblea de la ONU hace más de una década para recordar a todo el mundo que dentro de los procesos  de desarrollo, además de desiguales, los pueblos originarios son los que permanecen rezagados. De hecho los dirigentes sentaron su posición de sugerir una connotación algo distinta a este día, porque como sostienen este día en el Perú deber ser más bien un encuentro de reflexión, que  sirva para la denuncia social y política sobre la situación en la que viven nuestros pueblos indígenas.

En ese sentido, en declaraciones el líder amazónico Alberto Pizango sostuvo que “hay que decir  al pueblo peruano que estamos en un proceso muy grande de abrir el espacio, para comprendernos para querernos entre todos los peruanos  y ser  ejemplo de la humanidad”. Y agregó que “nuestros pueblos han conquistado sus derechos a través del convenio 169 de la OIT que recoge sus legítimas aspiraciones y defensa de todos sus derechos, en cuanto se refiere a territorio para una verdadera paz”.

Por su parte el presidente de CONACAMI Mario Palacios hizo énfasis en que “las políticas en los últimos años han sido muy nocivas para los pueblos, se ha intentado desintegrar y liquidar las comunidades a través de los decretos legislativos dados en el 2008, no se han cumplido con los compromisos que el mismo gobierno ha asumido a raíz de los sucesos del Baguazo. Y como dice la OIT queda evidente que el estado peruano es el país que más ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas en Sudamérica”.

Con respecto a la propuesta alternativa de una posible autoconsulta de los pueblos indígenas donde se trate temas como  de los territorios comunales, como leyes que se están fomentando como de los recursos forestales o sobre concesiones mineras y petroleras Alberto Pizango señalo que “Ya hemos dicho que este es un tema que los pueblos van a determinar de acuerdo  y en respaldo del convenio 169 que nos permite realizar nuestra autoconsulta con o sin el gobierno” Así mismo Mario Palacios agregó que  “Este convenio no requiere necesariamente de una ley, que de existir sería mucho mejor, lo propios pueblos y comunidades sin injerencia del gobierno o de algún tercero podemos desarrollar nuestra propia consulta en distintos punto del país y así lo haremos conocer luego a la propia OIT, nuestro desafío es entonces la implantación de estas autoconsultas impulsadas por sus propias comunidades y organizaciones”.

Sumando fuerzas

Hay que recordar que los dirigentes de las organizaciones, AIDESEP, CONACAMI, CCP y CNA se concentraran el día 14 de agosto en la ciudad de Tacna para sumarse y reforzar la medida de fuerza que la Macro Región Sur están convocando en respuesta al gobierno central contra la exportación del gas de Camisea.