Intensa lucha. Una vez más la plaza 2 de mayo congregó a los trabajadores de la Federación Nacional de Textiles del Perú (FNTTP) que salieron este jueves a una segunda gran movilización por las calles del Centro de Lima exigiendo la derogatoria del régimen laboral de exportación, régimen de sobreexplotación donde los salarios mínimos están blindados.

El pedido es contundente, eliminar el régimen laboral de exportación establecido por la Ley 22342, que fue promulgada en noviembre de 1978 durante el gobierno del presidente Morales Bermudez, pues al amparo de los llamados contratos laborales de exportación los empresarios del sector vulneran los derechos constitucionales de los trabajadores como la estabilidad laboral y la libertad sindical.

Gerardo Olortegui secretario de defensa  de la FNTTP sostiene que muchos de sus compañeros de labores han sido despedidos arbitrariamente sin haber culminado en muchos de los casos el contrato laboral que ostentaban. “Hay una tremenda flexibilidad laboral, los contratos son temporales y no podemos negociarlos ya que estos son impuestos por las empresas”. Agregó también que el reciente tratado de libre comercio con China afecta terriblemente los puestos de trabajo así como la producción nacional y no prevé clausulas laborales, exigen se ponga salvaguardias a los textiles y confecciones provenientes de China.

Por su parte varias trabajadoras de la empresa TEXPOP aseguraron a Alerta Perú que 127 compañeros de trabajo fueron despedidos inmediatamente después de haberse adherido al sindicato. Así también comentaron que otros trabajadores de empresas como HIALPESA, START PRINT, TEXTIL SAN CRISTOBAL, TEJIDOS SAN JACINTO, Universal Textil, Aris Industrial, San José, Marangani, y Cromotex estarían pasando por las mismas penurias.

Así mismo el que fuera secretario general de la compañía TEXPOP con 40 años de servicios laborales fue también despedido por sindicalizarse. Otra trabajadora gestante nos cuenta haber sido despidida por embarazarse. “Diez años he venido laborando, con mis siete meses de gestación me despidieron sin haber cumplido con mis beneficios” sostuvo indignada. Los trabajadores hacen pública su denuncia al gerente general de TEXPOP, al que acusan viene cometiendo una serie de atropellos contra ellos, desde denuncias penales hasta maltratos psicológicos.

Cabe resaltar que muchas de estas empresas  producen productos de multinacionales como: Old Navy, Hollister, Gap, Banana Republic, Abercrombie, Calvin Klein entre otras.

Datos:

En el Perú las exportaciones se dan en dos categorías: las exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales. Los principales productos de exportación tradicionales son la harina y el aceite de pescado, el algodón, azúcar y café así como varios productos mineros, sobre todo cobre, estaño, hierro, oro y plata así como el petróleo. En tanto que las exportaciones no tradicionales son bastante más amplias como: las legumbres y frutas, textiles, madera, productos químicos y metales que no son exportados como materia prima, sino de forma refinada (alambre de cobre y joyería).

Es una obligación del Estado. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó hace una semana una serie de observaciones al Estado peruano por incumplir reiteradamente el Convenio 169 que garantiza una serie de derechos a los pueblos indígenas. Entre otras cosas, el documento insta al Gobierno peruano a suspender todas las actividades de extracción de recursos naturales que no hayan sido consultadas con los pueblos en cuestión. Con motivo de este informe, hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) realizaron una conferencia de prensa para expresar sus puntos de vista y anunciar próximas acciones.

Las observaciones han sido presentadas por la OIT luego de evaluar la Memoria Oficial al respecto presentada por el Ministerio de Trabajo del Perú el 2009, así como el Informe Alternativo presentado por 14 organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil.

En el documento, la OIT toma nota de que para el Estado peruano “consulta” significa “los procesos por los que se intercambian puntos de vista”, por ejemplo los mecanismos establecidos por los reglamentos de participación ciudadana en hidrocarburos y minería. Esos mecanismos, asegura la OIT, son restrictivos y presentan limitaciones, pues la consulta no tiene por objetivo escuchar diversas opiniones para que el final las decisiones queden en manos de los funcionarios del Estado, sino llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, sean estas leyes, actividades extractivas u otra decisión que afecte a los pueblos indígenas. El objetivo del Convenio 169, ratificado por el Perú en 1994, es que los pueblos indígenas puedan “establecer sus propias prioridades”.

Por ello, la comisión de expertos de la OIT insta al Perú a suspender todas “las actividades de exploración y explotación de recursos naturales” que afecten a los pueblos indígenas “en tanto no se asegure la participación y consulta” a través de sus instituciones representativas, “en un clima de respeto y confianza”. De cumplirse con esta recomendación de la OIT, deberían suspenderse decenas de concesiones petroleras y mineras que se han dado en los últimos años en la selva y en la sierra, así como proyectos hidroeléctricos como el de Inambari, que hoy día motivó un paro regional en Puno. De no cumplirse esta recomendación, el Estado peruano estaría incurriendo en una grave ilegalidad, pues desde su ratificación, el Convenio 169 tiene rango constitucional en nuestro país.

La propia Defensoría del Pueblo tiene un proyecto de Ley presentado para garantizar el cumplimiento al derecho de consulta, pero el Congreso aún no lo debate.

Hernán Coronado, del CAAAP, explicó que aún no ha habido una respuesta de la ministra Manuela García, encargada del despacho de Trabajo, pero que la OIT está solicitando respuestas al Estado peruano en el curso de este año. Por otro lado, se pronunció sobre los recientes cambios en el INDEPA, asegurando que aún no se cumple con otra recomendación de la OIT que consiste en asegurar una institucionalidad que promueva de manera transversal los derechos de los pueblos indígenas, pero con participación de los mismos. Coronado explicó que, siguiendo la opinión de los expertos de la OIT, cualquier reforma en el INDEPA debería realizarse con participación efectiva de las organizaciones indígenas.

Sobre el mismo punto, Antolín Huáscar, de la CNA, denunció que el INDEPA ha perdido su espíritu original de ser un puente entre el Estado y las culturas indígenas, para convertirse en un espacio de trabajo para los militantes del Partido Aprista. Por ello, exigió un organismo más autónomo, a tono con las recomendaciones de la OIT.

Por su parte, Mario Palacios, de CONACAMI, anunció que si el Gobierno no quiere cumplir con la ley, el Poder Judicial deberá responder a una serie de acciones de amparo y denuncias judiciales que serán presentadas a fin de paralizar las concesiones que no han sido consultadas. Además, anunció que la primera semana de junio, justo cuando se recordará un año de los trágicos enfrentamientos en Bagua, en Lima tendrá lugar la 40 reunión ordinaria de los jefes de Estado de la OEA, y de manera paralela las organizaciones indígenas realizarán la III Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, a la que convocó.

No se quedan callados. En respuesta al Gobierno y a los empresarios mineros, representantes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) y pobladores originarios brindaron esta tarde una conferencia de prensa donde sentaron su posición de rechazo al recorte original del Parque Nacional Ichigkat Maju por las  previstas 84 concesiones mineras  en la zona. El pedido es contundente: que el Gobierno expulse a las  mineras de la zona y que no sólo se las suspenda.

Dicha federación, afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), hizo un llamado a respetar la propuesta inicial del área natural protegida sobre la Cordillera del Cóndor (área protegida que comprende más de 152 mil hectáreas) que fue acordada tras cuatro largos años de estudio y múltiples negociaciones entre el estado a través del  Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y las comunidades indígenas asentadas en la zona (territorio ancestral del pueblo Awajún y Wampis).

La Compañía Minera Afrodita S.AC ya había comenzado sus labores sin consultar a las comunidades asegurando que no las afectaban directamente, ya que su planta está ubicada  a  más  de 4 mil metros de altura y bajo el respaldo y aprobación del Estado. 

Sin embargo dicha empresa fue temporalmente suspendida hace pocas semanas por la decisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergin), ante las sucesivas protestas de 52 comunidades indígenas en el norte y oriente del país.  No obstante, transcendió que la minera canadiense Dorato Resources tiene la opción de comprar hasta un 100% las acciones de Afrodita, con lo cual la figura sería la misma: extraer los recursos de la zona si o si.

Durante la conferencia realizada en el local de AIDESEP, los representantes indígenas hicieron público un informe detallado que muestra como el Estado está actuando contra las comunidades sujeto a lobbys empresariales. El documento se denomina “Crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a favor de la  minería“.  También presentaron el video “La Amazonía en venta”. Ambos materiales fueron editados con el auspicio del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

“Donde vamos a crecer si nuestro territorio es contaminado, pedimos al Gobierno nos escuche y ponga solución a este problema, deben defendernos” sostuvo con garra y ternura Ana Tseje Ampam niña originaria de la zona. Por su parte Zebelio Kayap de ODECOFROC invitó a las autoridades a visitar y ver cómo viven las comunidades en la zona.  En tanto que Saúl Puerta, secretario nacional de AIDESEP, hizo hincapié de que el estado respete el convenio 169 que estipula consultar a los pueblos antes de imponerse. Los representantes aseguraron que ya presentaron sus denuncias a instancias internacionales entre ellas la ONU y esperan prontas respuestas. 

Por otro lado pidieron al gobierno el cese de las persecuciones a los dirigentes. “Que no se pretenda deslegitimizar a los representantes indígenas” sostuvo Saúl Puerta. También demandaron el pronto regreso de Alberto Pizango y la libertad de los demás dirigentes apresados.

Confirmado. Mediante una conferencia de prensa realizada el día de ayer, jueves 18, organizaciones nacionales como AIDESEP, la CONACAMI, la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación de Trabajadores Estatales (CTE) anunciaron su adhesión a la jornada de protestas convocada para este lunes por comunidades indígenas y rondas campesinas de la macro región norte.

La jornada de protestas fue acordada el 22 de enero en reunión de la Coordinadora Macro Regional conformada por ORPIAN, la organización amazónica del norte, la CUNARC-P, la confederación de rondas campesinas, y federaciones campesinas, comunitarias y agrarias de Amazonas, Lambayeque, Piura, La Libertad, San Martín y Cajamarca. La plataforma levantada por las organizaciones indígenas y campesinas de estas seis regiones incluye el rechazo a las conclusiones de la comisión que investigó los hechos de Bagua, la exigencia de que se apruebe el marco legal para la aplicación del derecho de consulta consagrado en el Convenio 169 de la OIT, y el rechazo a una serie de concesiones mineras y petroleras en la zona.

Respecto al penúltimo punto, la propia Defensoría del Pueblo presentó esta semana un pedido en el mismo sentido: que se debata y apruebe la ley sobre derecho de consulta que dicha entidad presentó hace varios meses. Respecto al último punto, parece que la sola convocatoria ha tenido efecto, pues el Premier Velásques Quesquén anunció la suspensión de las actividades de la empresa minera Afrodita en Condorcanqui (Amazonas). Sin embargo, otros conflictos mencionados en la convocatoria, como el de Río Blanco y Pulán, siguen en sin resolverse.

En la conferencia de prensa del día de ayer, las organizaciones nacionales, parte del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía conformado el 4 de junio del 2009 (un día antes de los hechos de Bagua), confirmaron que la jornada de lucha no será sólo macroregional. En Lima, Cusco y Puno también se realizarán manifestaciones. En la capital la concentración tendrá lugar en la Plaza de Acho y luego irá hacia el Congreso.

La Coordinadora Nacional de Radios confirmó que las federaciones indígenas del norte del país están realizando la convocatoria a bases para la movilización del lunes. Se supo que al menos 5 mil nativos se dirigirán a la ciudad de Yurimaguas para sumarse a la protesta.