Controversias y demandas. Pobladores puneños de la provincia de Carabaya, siguen preocupados y en alza de protesta por la ya aprobada construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari en San Gabán. Parece que el gobierno no aprende de los hechos de Bagua y reincide con su mismo comportamiento de ejecutar mega proyectos sin previas consultas a la población.

A la protesta se suman también los pueblos indígenas de 30 comunidades de Madre de Dios, agrupadas en la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), que expresaron su decisión de rechazar al proyecto de la Central Hidroeléctrica, que desarrollarán las empresas brasileñas OAS y Electrobras, y determinaron que defenderán su territorio ancestral del atropello.

El poco diálogo y concertación está llevando a que los ánimos se caldeen, pues esta central que en términos del gobierno seria la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, causaría según estudios, graves impactos ambientales. Además, afectaría 161 kms. de la Carretera Interoceánica por el embalse que provocaría la represa, y hará necesario reubicar 65 centros poblados de los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios, lo que por las características del valle sería muy complicado.

Marc Dourojeanni de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresa que “lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos únicos, serán drásticamente afectados”.

Por su parte, Hernán Fuentes, presidente regional de Puno señala: “Se habla de cuatro mil puestos de trabajo pero nadie dice que estos puestos son de carácter eventual. Si bien hay que hacer sacrificios por el desarrollo no se pueden causar daños de carácter irreversible”.

Y el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Interoceánica Sur Puno, advierte de graves impactos, entre ellos la generación de gas metano producto de la descomposición del bosque bajo el embalse. Pues como citan, existen investigaciones que demuestran que los embalses sobre zonas boscosas generan enormes cantidades de metano, un gas con efecto invernadero mucho más potente que las emisiones de carbono, que lo convierte en el principal causante del calentamiento global.

La demanda es clara al gobierno: antes de ejecutarse se debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios, además de una debida consulta popular.

Un pacto gigante

Hay que decir que el trasfondo va más allá, pues como se sabe los presidentes de Perú y de Brasil acordaron el año pasado lanzar la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana, que principalmente abastecerá la insaciable demanda energética del país vecino.

En aquel memorando que acordaron ambos se plantea permitir que Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano, comprometiéndose a comprar luego al Perú gran parte de esa energía que se producirá. Las hidroeléctricas por construir serian: Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW), con un costo conjunto en el orden de los US$16 mil millones.

Pero este Acuerdo de Integracion Energetica entre Perú y Brasil, a ser suscrito en las próximas semanas, carece de las garantías mínimas para asegurar la transparencia, participación y rendición de cuentas, porque no ha sido debidamente expuesto en público. Un error más de trasparencia.

Falta de claridad. Gran parte de la prensa resalta la firma del contrato de modernización que el gobierno acaba de realizar con la empresa española Técnicas Reunidas por un monto de 1,334 millones de dólares, y de lo moderno de la infraestructura que convertirá a esta planta, pero no se está diciendo a fondo la verdad, la otra cara de la moneda es otra historia que deja a este proceso en medios de graves cuestionamientos y falta de trasparencia.

Mientras que el presidente García sostiene que esto nos llevará a la vanguardia mundial de las nuevas refinerías “verdes”, que cuidan el medio ambiente. El Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC), realizó la investigación de este importante contrato, y encontró una falta de transparencia que genera más de una duda. Pues en enero de este año, el GTCC solicitó en más de una ocasión a Petroperú información referida al proceso de licitación internacional para el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), por las series objeciones que se habían planteado a la Buena Pro otorgada a la empresa española Técnicas Reunidas S.A. Sin embargo, la respuesta de Petroperú generó mayor preocupación, se podría sólo si la empresa determinaba que dicha documentación estaba dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Inés Arias, coordinadora del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, denuncia el total hermetismo de la información de este proyecto, pues la empresa española tiene que autorizar esa apertura. “Le dijimos que queríamos las propuestas técnicas y económicas de la empresa ganadora de la buena pro, y todas las actas y documentos en los que Petroperú hace la evaluación y las coordinaciones. Mandamos una carta y nos respondieron que la empresa debe manifestar que su propuesta técnica debe ser considerada como información pública”, señalo.

Aquí hay algo preocupante pues Petroperú está sentado un sombrío precedente, pues eso significa un supuesto Acuerdo de Confidencialidad, con lo que las empresas privadas tienen la potestad de decidir si el Estado cumple o no con la Ley de Acceso a la Información, a pesar de tratarse de información que tiene que ver con el uso de los recursos de todos los peruanos y peruanas.

Así mismo está el no menos importante detalle del cambio del Gerente de Proyecto en pleno proceso de licitación también. El PMRT estuvo a cargo, desde 2005, de Pedro Méndez Milla, ex gerente general de Petroperú y gerente de la refinería de Talara; sin embargo, en mayo del 2009 fue cambiado por Lino Cerna Díaz.

Y ¿Quién es Cerna Díaz?, pues pertenece al entorno más cercano del actual Presidente de Petroperú, Luis Rebolledo Soberón, que tomó el cargo en reemplazo de César Gutiérrez, tras el escándalo de los petroaudios. Rebolledo, además, es miembro de la Asociación Nueva Economía junto con el Ministro de Transportes, Enrique Cornejo. Cerna Díaz fue nombrado pese a no tener experiencia en hidrocarburos y tener procesos judiciales pendientes como consecuencia de una presunta usurpación del Decanato del Colegio de Economistas de Lima.

Claro que no te reponemos. Ese parece ser el lema de América Móvil Perú, más conocida como Claro, propiedad de Carlos Slim, el mexicano que ahora ocupa el primer lugar en la lista de millonarios globales. Desde el pasado jueves 11 de marzo, Claro Perú está desacatando abiertamente la sentencia del Primer Juzgado Constitucional de Lima que le ordena la restitución en sus labores a siete trabajadores que fueron despedidos el año pasado. ¿Y cómo así fueron despedidos? Por sindicalizarse: así de simple.

“El sindicato se formó el 13 de febrero del 2009”, explicó a Alerta Perú el secretario de Prensa, Anthony Lázaro. “El 16 de febrero enviamos una carta a la empresa dando a conocer la conformación del sindicato y los nombres de los 10 miembros de la Junta Directiva. Al día siguiente, por correo electrónico, nos enteramos que el director de Recursos Humanos ordena que se nos retire los accesos al sistema de la empresa a la misma relación de personas”. Es decir, Claro decidió despedir a la Junta Directiva sindical en pleno.

Luego de un largo proceso judicial, por fin en diciembre en primera instancia el Poder Judicial estableció la reposición de siete de los despedidos. Agobiados por una situación económica difícil, los otros tres desistieron del proceso y buscaron otro trabajo. Pese a la orden judicial, Claro no restituyó a los trabajadores, por lo que el sindicato interpuso una medida cautelar exigiendo el cumplimiento inmediato de la sentencia. La medida cautelar fue concedida el 4 de marzo y el juez dio un plazo de cinco días útiles para ejecutar la reposición. Llegó el jueves 11 de marzo y el plazo no fue respetado.

Ante este desacato, el sindicato de Claro ha entablado una denuncia penal contra el director general Humberto Chávez y contra el subdirector de Recursos Humanos, Arturo Goicochea. La denuncia está siendo investigada por la 48 Fiscalía, en Lima.

Lázaro nos explica que a pesar del hostigamiento de la empresa, el sindicato sigue funcionando y que actualmente cinco compañeros que laboran en Claro forman parte de la Junta Directiva, luego de una Asamblea General. Las principales demandas que motivaron la formación del la organización sindical son el pago de utilidades, el pago de horas extra, el cese de los descuentos ilegales a los que son sometidos los trabajadores, y el establecimiento de jornadas laborales reales.

¿Más info?

Web del Sindicato de Claro

Ni para bien ni para mal. A un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con EEUU, aún no pueden verse sus impactos en nuestro país. Esa es una de las principales conclusiones de los panelistas que participaron la noche del jueves en el foro “¿Qué pasó a un año del TLC?”, organizado por la Red por una Globalización con Equidad. Otra conclusión importante es que no existe una visión de conjunto acerca del efecto neto que tendrá la suma de acuerdos que el Perú está firmando. Pese a ello, el Gobierno continúa con su estrategia de apertura comercial, ha firmado cinco nuevos tratados y aún hay al menos cuatro en negociación.

Negociando a ciegas

El economista Alan Fairlie señaló con preocupación que no existe ningún estudio que proyecte los potenciales efectos netos del conjunto de estos tratados. Esto es grave considerando que los sectores “ganadores” y “perdedores” varían de acuerdo al país con que se negocia, y el sector que se ve beneficiado con un TLC puede terminar siendo perjudicado con otro. Por ejemplo, en el caso de EEUU los productos “sensibles” son los agrícolas de consumo interno, como el maíz, el trigo y el arroz, mientras que los textiles son productos con oportunidades de crecimiento. Con el TLC con China, en cambio, los textiles son precisamente los probables perjudicados. Pese a no haber ni un sólo estudio que analice los efectos de conjunto de estos 11 TLC, el Gobierno insiste con firmar cuantos sea posible.

Fairlie hizo notar que, pese a que la propaganda oficial pro-TLC prometía el “regionalismo abierto”, es decir una apertura comercial que no perjudicara la integración sudamericana, el resultado real ha sido que ésta ha resultado dañada. Como ejemplo, puso la situación actual de la Comunidad Andina (CAN) que ha quedado debilitada luego de que Venezuela salió mientras Perú y Colombia continúan buscando TLCs, Bolivia los denuncia y Ecuador tiene una postura ambigua.

En otro momento, Fairlie advirtió que el reciente TLC con China “blinda” las inversiones de dicha potencia asiática. Ello es peligroso en un contexto de crecientes inversiones mineras que muchas veces no respetan los derechos laborales ni ambientales, como las de Río Blanco (Zijin), Shougang o Morocoha (CHINALCO). Esta es una fuente de posibles conflictos en el futuro, pero con el TLC el Estado peruano se ata de manos al comprometerse a “proteger” dichas inversiones.

No se siente

Los panelistas coincidieron en que, por diversos motivos, aún no se sienten los efectos del TLC con EEUU ni en un sentido ni en otro. Reinaldo Trinidad, de la revista Agronoticias, recordó que el Gobierno de Toledo, a través de las presiones de última hora del entonces premier Kuczynski, cedió en todas las pretensiones de EEUU aceptando que ingresen a nuestro país sin arancel productos subsidiados, contra los principios del propio libre mercado. Afortunadamente, en productos como la cebada aún nuestro mercado no se ha visto inundado. Por su parte el economista de ADEX, Carlos González, revisó estadísticas señalando que en el marco de la crisis, nuestras exportaciones han caído a pesar del TLC. Además, demostró que han caído mucho más que las de otros países, debido a que nuestra estructura productiva está basada en materias primas y no en manufacturas. También precisó que casi ningún exportador de la micro y pequeña empresa se está acogiendo a las facilidades del TLC.

Ambos señalaron que a pesar de los discursos del Gobierno acerca de la “agenda interna”, no se ha avanzado en los temas de productividad, diversificación productiva, cadenas productivas. Trinidad remarcó que “no hay absolutamente preparación alguna para las comunidades campesinas y no se ha desembolsado ni un sol de los programas de compensación para el agro”.

Por su parte, Julio Gamero, profesor de la UNI, mostró cómo se ha avanzado muy poco en lo laboral, a pesar de que las addendas al TLC con EEUU exigen que se garantice derechos como la libertad de sindicalización, la negociación colectiva y condiciones “aceptables” de salario y jornada laboral. Gamero explicó que en los últimos años ha subido la tasa de empleo pero ha caído el número de trabajadores sindicalizados, que ha pasado de más de 100 mil a 93 mil. Sólo cinco de las 1500 empresas agroexportadoras cuentan con un sindicato. Además, el salario mínimo sigue estancado a pesar de que el PBI per cápita ha crecido en 143% en los últimos 10 años.

Finalmente, Lucila Pautrat, de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) expuso cómo, a pesar de la addenda forestal del TLC que exige el la protección de los bosques frente a la tala ilegal, el Gobierno no ha asignado a la Dirección General Forestal ni siquiera el 30% del presupuesto que ésta ha calculado que necesita para cumplir el acuerdo. Por ejemplo, aún no se han implementado los sistemas de trazabilidad que permitirían verificar el origen legal de la madera. En cambio, el Gobierno sí se ha preocupado de aprovechar la implementación del TLC para aprobar una serie de decretos para cambiar el régimen de las tierras forestales para promover en ellas la realización de diversas actividades económicas y extractivas, lo que derivó en el conflicto indígena del 2009.

El dato: TLCs aprobados y por venir

Aprobados: EEUU, Chile, China, Unión Europea, Tailandia, Singapur, Canadá.
En negociación: Corea, Japón, Tailandia y EFTA.