Preocupa. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) está convocando para la primera semana de marzo a la conferencia técnica internacional “Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo: Opciones y oportunidades para hacer frente a los desafíos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático”. La participación en la conferencia es “sólo por invitación”, como explica la convocatoria. Entre los auspiciadores se encuentra el propio Gobierno de México, el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología y el propio Banco Mundial.

Según Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, la realización de esta conferencia en momentos en que el gobierno mexicano acaba de autorizar el ingreso de nuevos productos transgénicos es  “un claro intento del gobierno por legitimarse y tratar de tapar las críticas internacionales por este crimen de proporciones históricas”. Ribeiro y otros investigadores señalan el peligro que significa la liberación de semillas de maíz transgénico en el centro de origen de dicho cultivo, lo que podría significar una incontrolable contaminación del banco biológico de la nación mexicana y de la humanidad.

Ribeiro expresa que “a partir de los documentos que se han publicado para la conferencia, queda claro el intento de la FAO por ignorar que se trata de tecnologías –sean transgénicos o biotecnología en general– que están controladas en porcentajes abismales por unas pocas trasnacionales, que monopolizan tanto los mercados como las patentes. Las pocas referencias que se hacen sobre esto, se restringen a buscar opciones para poder cumplir con los derechos de propiedad intelectual y acuerdos comerciales –y por tanto favorecer a las trasnacionales– en lugar de cuestionarlos”.

Es curioso que la FAO insista en que frente al cambio climático es necesario incrementar la productividad agrícola, como si el problema del hambre en el mundo fuera un problema de mala productividad y no de mala distribución de la abundancia. Según datos del propio Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, el mundo produce suficiente para alimentar a dos veces su población.

Mientras la FAO legitima de esta manera una política pro-transgénicos, en Europa trescientas organizaciones que representan a unos 25 millones de miembros están llevando a cabo la campaña “Salvemos nuestras semillas”, que ha presentado ante la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) una petición para restringir el uso de organismos genéticamente modificados y evitar la contaminación de semillas puras que son “la base de la seguridad alimentaria y el patrimonio más antiguo de la humanidad”. En esta página puede verse la petición presentada. Según Greenpeace, “la contaminación de cultivos tradicionales por cultivos transgénicos es un problema global: sólo durante 2007 se presentaron 39 nuevos casos de contaminación en 23 países. A pesar de eso, no se ha fijado un estándar internacional que obligue a la industria biotecnológica a informar los daños y las pérdidas financieras que causan los transgénicos”.

La introducción de semillas transgénicas ha sido prohibida, hasta el momento, en siete países europeos (Alemania, Francia, Rumania, Grecia, Luxembrugo, Austria y Hungría). También está prohibida en Venezuela y decisiones similares ha tomado numerosos gobiernos locales o estaduales en todo el mundo.

Además de la contaminación genética, otro tema que preocupa a las organizaciones críticas con la introducción de cultivos transgénicos es el control del mercado de semillas, que afecta gravemente la autonomía de los productores. Según la Fundación Alemana para el Futuro de la Agricultura, hace 25 años había por lo menos 7 mil productores de semillas en todo el mundo, y ninguno controlaba más de 1% del mercado; actualmente, 10 multinacionales de la bioquímica (Monsanto, DuPont-Pioneer, Syngenta, Bayer Cropscience, BASF y Dow AgroSciences, entre otras) controlan más de 50% por ciento del mercado de semillas.

¿Y en Perú?

En el Perú está a punto de ser aprobado por el Ejecutivo el reglamento de la ley 27104 de “Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología”, pese a que ni la Ley ni su reglamento han tenido el debate que el tema amerita, más aún en un país como el nuestro que es centro de origen de numerosas semillas y poseedor de una rica biodiversidad. Numerosas voces se han levantado exigiendo que el país sea declarado “libre de transgénicos”, entre ellas la de la Plataforma por un Perú Libre de Transgénicos y la del propio diario El Comercio a través de una editorial del pasado domingo.

Conciencia ecológica. Un amplio y sorprendente respaldo popular tiene en Ecuador la iniciativa Yasuní-ITT, que consiste en dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní. Según una encuesta difundida la semana pasada, el 75% de los ecuatorianos votaría en contra de explotar el petróleo de dicha reserva, apoyando de esa manera la propuesta de la moratoria petrolera que es impulsada, a veces con preocupantes retrocesos, por el Gobierno del presidente Rafael Correa.

A finales de enero, fuertes críticas presidenciales a la comisión que hasta entonces venía negociando el fideicomiso internacional provocaron la renuncia del canciller Fander Falconí, lo que ocasionó una grave crisis del proyecto. La comisión tenía por encargo negociar el instrumento económico que permitiría a Ecuador recibir una contribución por parte de la comunidad internacional a cambio de dejar indefinidamente bajo tierra el petróleo del Yasuní, y durante un año de trabajo ya había comprometido importantes apoyos en Alemania, Bélgica, España y otros países, además de haber avanzado en un acuerdo con el PNUD para la administración de dicho fondo. Según Falconí, ya se habría conseguido financiar unos 1700 millones de dólares, que es un poco más de la mitad de lo que Ecuador espera obtener mediante este proyecto conservacionista.

A pesar de estos avances, Correa criticó duramente el trabajo de la comisión, denunciando que la estructura de fideicomiso que se estaba negociando restaba soberanía al Ecuador. Falconí aseguró que los puntos que el presidente cuestionó eran “subsanables”. Sin embargo, la magnitud de las críticas llevó a la comisión en pleno a renunciar, originándose una crisis en uno de los principales y más publicitados proyectos ambientales del Gobierno “de la revolución ciudadana”.

En declaraciones a Alerta Perú, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, explicó que lo más grave fue que las críticas presidenciales atacaron no sólo a la comisión, “sino todo lo actuado por la comisión”. Martínez explicó que luego de la renuncia de Falconí, el presidente ha nombrado una nueva comisión dirigida por Ivone Baki, funcionaria que ha sido cuestionada por su defensa de la petrolera Texaco en el caso judicial que ésta sostuvo con el Ecuador.

“El presidente ha ratificado su apoyo al proyecto”, explica Martínez, “pero hay mucha ambigüedad. En realidad se continúa jugando en los dos escenarios, el petrolero y el no petrolero. Y en términos prácticos el escenario petrolero es el que tiene más peso y mucho aliento. Incluso (la estatal) Petroamazonas ha avanzado bastante en esta opción, se ha construido infraestructura aledaña necesaria para disolver el crudo del ITT, que es un crudo muy pesado”.

La buena noticia es que a pesar de estas idas y venidas, en la opinión pública ecuatoriana ha crecido considerablemente el apoyo a la iniciativa. En comparación con encuestas del 2009, el estudio publicado en enero demuestra que el grado de conocimiento con respecto a la reserva Yasuní ha crecido de 30 a 60%, mientras que un 75% se muestra en contra de extraer el petróleo de la zona. Quizás esta presión ciudadana es lo que más está pesando para que Correa relance la iniciativa, al punto que en estos momentos la nueva negocadora Baki y el vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, están por viajar al Irán y a Dubai para conseguir nuevos apoyos.

El Parque Nacional Yasuní es una de las zonas más megadiversas del planeta. Sólo en una hectárea de la reserva se han encontrado 644 especies de árboles. Además, alberga a los Huaorani y a otros pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pero al mismo tiempo su subsuelo guarda 846 millones de barriles de petróleo pesado, que son codiciados por la industria petrolera y por sectores del Ecuador que ven en ellos un recurso valioso para apalancar el desarrollo del país. Según estudios, esa reserva equivale a tan sólo ocho días del consumo mundial de petróleo, y no explotarlos ahorraría al mundo la emisión de unas 400 millones de toneladas de CO2. La iniciativa Yasuní-ITT busca que mediante un fideicomiso, la comunidad internacional compense -siguiendo la lógica de responsabilidad compartida para frenar el cambio climático- a Ecuador con el 50% de lo que este país podría ganar de explotar el yacimiento, es decir, unos 3500 millones de unas utilidades potenciales de 7000 millones de dólares. La iniciativa ha sido considerada un paso muy avanzado para la transición hacia una economía post-petrolera.

¿Más info?

Amazonía por la vida

La crisis del ITT desde afuera, por Eduardo Gudynas

Entrevista a Fander Falconí

A contracorriente del mundo. Dilma Rousseff, Ministra de la Casa Civil de Brasil (similar a nuestro primer ministro) y candidata a la presidencia por el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), presentó en el Campus Party Brasil, un proyecto de ley de descargas completamente diferente al que se ha promulgado en países como España o Francia. Y es que, desde el punto de vista de los brasileños, estas leyes no deben buscar la criminalización de los internautas, sino la defensa de sus derechos.

El proyecto se ha hecho a contracorriente de propuestas similares en otras partes del mundo. Para empezar se descarta la criminalización de los internautas, el cierre de páginas webs o que el estado se convierta en voceros de las entidades de gestión de derechos de autor, como APDAYC en Perú o la SGAE de España. El proyecto de ley presentado busca la liberación del material descatalogado para su uso público y la compensación a los artistas mediante la introducción de un canon a los proveedores de servicios. Por otra parte, plantea el reconocimiento del acceso a Internet y la copia privada como un derecho básico de los ciudadanos.

El proyecto de ley, que será presentado ante el parlamento el próximo mes de marzo, coloca a Brasil ante los ojos del mundo, por sus implicancias en la legislación internacional sobre esta materia. Esta ley “será la más progresista en materia de derechos de autor” declaró Lawrence Lessig, profesor de Hardvard y uno de los fundadores de Creative Commons, organización internacional que promueve la reducción de barreras legales que limitan la difusión de la cultura.

Con esta Ley, el gobierno brasileño se enfrenta directamente a las sociedades gestoras de derecho, entidades que han sido cuestionadas en diversos países por sus políticas cada vez más restrictivas en el pago de las regalías de las obras protegidas por derechos de autor. La eventual promulgación de esta norma pondrá a prueba la posibilidad de encontrar modelos de negocios y de desarrollo y difusión de la cultura alternativos a los que son promovidos actualmente por estas sociedades.

¿Arrepentimiento? En respuesta al Informe Goldstone, el Estado de Israel presentó una serie de documentos a la ONU en la que admite el uso de fósforo blanco durante el bombardeo de la franja de Gaza entre diciembre del 2008 y enero del 2009. Sin embargo, según Israel esto fue causado sólo por dos oficiales que se excedieron en su autoridad. El caso podría hacer que el Estado israelí se enfrente a un proceso en la Corte Penal Internacional (CPI).

En octubre pasado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el Informe Goldstone, sobre los sucesos durante la Operación Plomo Fundido, como se conoció a la incursión militar israelí en la Franja de Gaza. Este informe condenaba tanto al Estado de Israel como Hamas por haber cometido crímenes de guerra durante este periodo. En particular en el caso de Israel por el uso de fósforo blanco sobre población civil, violando la legislación internacional. Hasta el momento Israel había negado los cargos y había acusado al informe de antisemitismo. Israel sostenía hasta ahora que el uso del agente químico se limitó a áreas no pobladas, para crear pantallas de humo. Sin embargo, las imágenes capturadas en ese entonces y los recuentos de heridos por quemaduras atendidas en los hospitales de gaza, contradecía estas afirmaciones.

Ahora Israel sostiene fueron dos oficiales – el coronel Ilan Malka y el general de brigada Eyal Eisenberg – quienes pusieron en peligro la vida de civiles al ordenar el uso de fósforo blanco contra un almacén de la ONU. Por estas acciones, los oficiales han sido sometidos a acciones disciplinarias, las cuales no han sido especificadas. Por otra parte, el informe de Israel sostiene que no se disparó el fósforo blanco violando órdenes y recalcó que su uso está autorizado internacionalmente en zonas de baja densidad poblacional. Para el gobierno israelí este documento es una muestra de que su sistema judicial es independiente y creíble.

Para los detractores de Israel, esta es una medida para limitar la responsabilidad por el uso de fósforo blanco. Esta respuesta, junto a la que presente Hamas, serán tomadas en cuenta por la ONU al analizar los sucesos ocurridos en la franja de Gaza, que costo la vida de 1400 palestinos y 13 israelíes. Estos crímenes de guerra pueden costarle a Israel un proceso en la Corte Penal Internacional de la Haya.