El 12 de agosto, en el marco del Foro Social de las Américas realizado en Asunción (Paraguay), un colectivo de organizaciones latinoamericanas lanzó la campaña “No al CIADI ni a los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones”. El CIADI es un tribunal internacional de arbitraje de decide como última instancia en los conflictos entre un Estado y una empresa. Sin embargo, las organizaciones y redes que convocan a la campaña denuncian que la mayoría de veces este tribunal decide a favor de las empresas, y no toma en cuenta si se está perjudicando intereses de las poblaciones locales. Luciana Ghiotto, de la asociación ATTAC de Argentina, forma parte de esta campaña y en esta entrevista con Alerta Perú nos explica por qué.

“Cualquier lucha popular se enfrenta en última instancia con acuerdos internacionales que los pueblos desconocemos”

Entrevista con Luciana Ghiotto, de la asociación ATTAC de Argentina

¿Qué es el CIADI y por qué iniciar una campaña para cuestionarlo?

Pensar el CIADI es pensar la política de inversiones en los últimos 30 años a nivel global, la protección a las inversiones y una serie de mecanismos legales que han sido desarrollados con el fin de generar este andamiaje internacional. El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) nació en el año 1967 en el seno del Banco Mundial. En ese momento, antes de la crisis de los 70, había un fuerte proteccionismo de los Estados y por ejemplo los latinoamericanos no suscribieron el tratado del CIADI para poder entrar y estar bajo la jurisdicción de este tribunal internacional. A partir de los años 90 hay una ola neoliberal muy fuerte en los gobiernos de la región, y estos suscriben de manera mayoritaria el tratado del CIADI que pone al Estado bajo la jurisdicción de este organismo. Esto va de la mano con los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que generan un marco de protección para las inversiones y son firmados entre dos Estados -por eso son bilaterales- para que los inversionistas puedan moverse libremente de una frontera a la otra. La mayoría de TBI fueron firmados, de un lado, por países industrializados con mayor capacidad de exportación de inversiones, y del otro lado por nuestros países con mucha menor capacidad de exportación. Por ello hay una asimetría de base, que quiere decir que han sido firmados para beneficiar a los capitales de países como los de Europa, o Japón, China y claramente EEUU y Canadá también.

¿En qué beneficiaría al sector popular denunciar este tratado?

Cualquier lucha que se desarrolle contra las empresas, va a tener que enfrentarse en última instancia con estos acuerdos que ya fueron firmados por los países y sobre los cuales los pueblos desconocemos, la mayoría de las veces, porque resultan técnicos, tediosos, aburridos y complejos, y los manejan los abogados quién sabe dónde. Nos afecta directamente. Por ejemplo, si hay una fuerte manifestación social en contra de una minera o porque los servicios públicos privatizados imponen a la población los precios que a ellos se les da la gana, en este caso las empresas siempre tienen un as bajo la manga que es denunciarnos frente al CIADI y de ese modo lograr que el Estado pague millones de dólares como resarcimiento. Por ejemplo, echar a la Barrick Gold en los andes entre Argentina y Chile implica que esas empresas no van a quedarse de brazos cruzados y van a recurrir al CIADI como forma de proteger su inversión. Es decir que si queremos lograr soberanía popular sobre nuestros territorios, tenemos que darnos una estrategia no sólo de lucha popular, sino que tenemos que aprender sobre estos recursos internacionales. La lucha es en dos ámbitos: en la calle, y también en los espacios donde se deciden estas cosas, que es importante para poder modificar este régimen y ver cómo las inversiones pueden ser beneficiosas para nosotros los pueblos, y no para los capitales.

Si nuestros países se unen a la corriente de denunciar el CIADI, ¿no se exponen a sanciones más graves, eventualmente?

Eso es un mito. Es interesante ver si hay una relación entre la Inversión Extranjera Directa y el nivel de protección que se la da a las inversiones, y eso es algo que nosotros estamos empezando a investigar. ¿Por qué? Por ejemplo, Brasil recibe la mayor cantidad de inversión extranjera y sin embargo no tienen firmado el ingreso al CIADI. Por otro lado, tiene firmados 16 tratados de inversiones pero ninguno fue ratificado por el Congreso, quiere decir que ninguno está en vigor. Sin embargo, es el país que mayor inversión recibe. También puede hablarse de Bolivia y Ecuador, que son los únicos dos Estados del mundo que se han salido del CIADI, en los últimos dos años. Y en esos casos no han tenido una merma en la inversión extranjera, sino que lo que se ha hecho es regular la relación entre Estados y empresas extranjeras. Eso demuestra que no va a haber corridas de inversionistas, sino que están dadas las condiciones para revisar este marco legal. Otro caso es el de Argentina, que tiene unas 20 demandas en el CIADI por haber modificado el 2003 las condiciones contractuales luego de la crisis económica. Pero ninguna de estas empresas se ha ido del país. Es decir, las empresas utilizan esto como un método de chantaje para poder presionar a los Estados para que estos generen políticas públicas cercanas a sus intereses. A pesar de estas modificaciones, las empresas siguen teniendo ganancias millonarias, o sea que tampoco el corazón del problema son los tratados, sino la relación entre empresas, Estado, pueblos e inversiones.

Los que defienden instancias como el CIADI dicen que no se puede violar los contratos con las empresas porque los contratos se hacen, justamente, para ser respetados...

Claro, si lo ven desde esa lógica tienen razón. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta en qué momento fueron firmados estos tratados, y con qué objetivos. Estos tratados fueron firmados principalmente en los primeros 7 u 8 años de de la década de los 90. Por ejemplo en Argentina todos fueron firmados entre el 91 y el 94. ¿Eso qué quiere decir? Es un momento de derrota del movimiento obrero, sindical y los movimientos sociales a nivel de todo el mundo, porque tiene que ver con el momento del desplome de la Unión Soviética y mientras tanto se estaba hablando del fin de la historia, del fin de la geografía, del fin de las ideologías... Es decir es un momento muy particular en el cual los capitales avanzaron fuertemente en la búsqueda de garantizar su ganancia. Lo que pasa es que ese momento, de alguna manera, ya ha culminado y ahora hay otra realidad, en la cual se está tratando de garantizar el derecho de los pueblos por sobre el derecho de los capitales. El debate no puede pasar por sólo el respeto o no de los contratos, sino ver cuáles son las necesidades de los pueblos. Por ejemplo, la última demanda en el CIADI contra Uruguay la ha presentado este año la Philips Morris, que es la empresa que fabrica los cigarrillos Malboro. El interés esgrimido por el Estado para obligar a la empresa a respetar ciertas reglamentaciones tiene que ver con la salud pública. Entonces la empresa lo que dice es que se han violado sus derechos y entavla esta denuncia. De ese modo, las empresas pueden darle vuelta a cualquier tipo de política que no sea una expropiación directa. En este caso el Estado está poniendo reglas para la protección de la salud de la población. Este tipo de tratados no pueden seguir manteniéndose en esas condiciones y tienen que ser renegociados, o anulados.

¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo deberían ser las nuevas reglas de juego para las inversiones?

Lo interesante es que esto está en discusión hoy en día. Hay diferentes alternativas que surgen en cuanto a la defensa de la soberanía de las naciones. Por ejemplo, en Bolivia que empezó un proceso de renegociación de estos TBI surgía la posibilidad de volver a tener lo que se conoce en la legislación internacional como la “doctrina Calvo”, que plantea que los temas de demanda contra el Estado tienen que ser juzgados por las cortes nacionales en territorio de ese Estado. No en una corte “ad hoc” cuyos tribunales están en París o en Washington.

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La Primera: lanzan campaña contra el CIADI
Campaña: No al CIADI y los TBI

Encuentro social pluricultural. Esta semana se dio inicio al IV Foro Social de las Américas en el hermano país de Paraguay con la presencia de unos 8.000 activistas (se prevé que lleguen a los 10 mil) reunidos en 550 delegaciones de organizaciones de la región. Donde se están tratando temas de gran importancia como: "Estrategias de militarización y dominación imperial, y alternativas de resistencia de los pueblos", así como la "Defensa y transformación de las condiciones y modos de vida frente al capitalismo depredador” y "Pueblos y nacionalidades indígenas originarios y afrodescendientes, el reto de la plurinacionalidad". De hecho lo llamativo del foro son las confluencias de las distintas personas que desfilan por las calles con carteles, pancartas, banderas, globos, trajes típicos y un sinfín de iniciativas en clara expresión de la pluralidad de nuestro continente.

En el inicio de estas actividades la Premio Nobel de la Paz (1992), la guatemalteca Rigoberta Menchú, quien visita por primera vez Paraguay, señaló que “este encuentro nos va a ayudar a hacer agenda común, que es lo que ya veníamos hablando. Hay una decadencia del capitalismo y nos está arrastrando a todo el mundo, una decadencia moral, se han perdido los valores, hay una decadencia social y un crecimiento de la violencia en la región”.

Uno de los temas resaltantes que se están tratando es el de la democratización de la comunicación y para eso actores de comunicación, representantes de movimientos sociales y otros participantes de diversos países de la región se dieron cita días previos al Foro para  intercambiar posiciones desde la discusión de “Un diálogo necesario para democratizar la comunicación e impulsar la integración”. Así mismo con motivo del día de los pueblos indígenas, nativos de Colombia señalaron que “el derecho al acceso a medios masivos y públicos, lo mismo que la adquisición, administración y apropiación de medios indígenas a nivel comunitario, regional, nacional e internacional no es garantizado por los Estados nacionales colonizadores, aspecto que venimos reclamando como parte de nuestro ejercicio de autodeterminación colectiva”.

De otro lado un comité de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad será constituido como parte del programa como espacio orientado a construir una nueva agenda global y ciudadana. Intelectuales, artistas, profesionales, políticos, campesinos e indígenas, constituirán el Capítulo Paraguayo de esa Red, surgida en el 2003 por iniciativa de destacados intelectuales mexicanos, y consolidada luego en el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, con sede en Caracas en 2004.

Por su parte las voces de mujeres latinoamericanas se harán sentir con propuestas de debate y reflexión y una de las iniciativas íntegramente femeninas es la que trae la Marcha Mundial de las Mujeres, movimiento que articula acciones contra todo tipo de desigualdad y discriminación hacia su sexo. Este proceso, dijo la representante brasileña de la organización Tica Moreno, comenzó el 8 de marzo de este año en más de 50 países, finalizará el 17 de octubre y el Foro es un espacio ideal para exponer nuestras preocupaciones e inquietudes como parte de las actividades autogestionadas

Hay que señalar que en los cuatro días de debate y reflexión se desarrollarán 10 paneles centrales y más de 350 actividades autogestionadas y el cierre del Foro se realizará el próximo domingo, tras la celebración de la "Asamblea de Movimientos Sociales y Acto de Solidaridad con el proceso paraguayo", en coincidencia con el segundo aniversario de la llegada al poder del presidente de Paraguay.

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http://fsainfo.rits.org.br/

Histórico. Es difícil calificar de otra manera el primer acuerdo firmado en la historia de la humanidad para no explotar un yacimiento petrolero a fin de conservar un área de gran biodiversidad y evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de CO2 que contribuirían al calentamiento global. Luego de dos años de intensas negociaciones, avances y retrocesos, este 3 de agosto Ecuador firmó el fideicomiso del proyecto Yasuní-ITT, un instrumento financiero que será administrado por el PNUD y que permitirá concretar la iniciativa ecologista surgida desde organizaciones de la sociedad civil hace una década.

A través de este fideicomiso, Ecuador espera recibir de la comunidad internacional un monto de 3.600 millones de dólares, que equivalen a la mitad de los 7 mil millones de dólares que generaría la explotación del petróleo del Yasuní. De esta manera, Ecuador se convierte en el principal país aportante de esta iniciativa, pues dejará de percibir la diferencia, tal como explica Rebeca Grynspan, del PNUD.

El aporte internacional busca apelar a la co-responsabilidad global con respecto al cambio climático. El fideicomiso recibirá aportes de Estados, empresas, fundaciones o ciudadanos individuales, y el Gobierno ecuatoriano ya anunció que se recibirán donaciones desde 50 centavos de dólar. Los donantes recibirán a cambio un “Certificado de Garantía del Yasuní”, documento que garantizará que "el crudo se queda, de manera indefinida, bajo tierra", según la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinoza. El certificado consignará el monto donado y la cantidad de CO2 que no se emitirán gracias a la donación. De violar Ecuador el acuerdo y extraer el petróleo del Yasuní, el Gobierno deberá devolver el íntegro del dinero entregado en fideicomiso.

El fondo generado de esta manera no ingresará directamente al gasto corriente del Estado ecuatoriano, sino que se dividirá en dos partes: por un lado el capital, que sólo se invertirá en investigación e implementación de energías alternativas que permitan al país superar el modelo petróleo-dependiente; y por otro lado los intereses, que se utilizarán en cinco rubros prioritarios: obras de desarrollo social, de conservación ambiental, contra la deforestación, la deficiencia energética, y ciencia y tecnología. El fondo será administrado por un Comité Directivo conformado por tres miembros del Gobierno, dos representantes de los donantes al fideicomiso, y uno de la sociedad civil.

El proyecto Yasuní-ITT apela, de esta manera, a que la voluntad expresada por los Gobiernos y por la sociedad civil global en torno a la lucha contra el cambio climático, se traduzca en acciones concretas. Ecuador espera recibir el fondo de 3.600 millones de dólares en los próximos 13 años, y la primera meta es asegurar 100 millones en los primeros 18 meses. Esa no parece ser una meta imposible, puesto que Alemania, por ejemplo, ya ha ofrecido aportar 50 millones anuales. Otros gobiernos, como los de España, Bélgica, Francia e incluso Chile, también han ofrecido realizar aportes. Pero recién cuando se constituya ese fondo de 100 millones, el fideicomiso empezará a operar como tal: hasta entonces, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de extraer el petróleo del Yasuní.

La iniciativa, lanzada desde hace una década por organizaciones de la sociedad civil, fue promovida por Alberto Acosta, el primer ministro de Energía y Minas del gobierno de Rafael Correa, y fue asumida como política del Estado desde el 2007, año en que empezaron las negociaciones para la llamada “primera opción para el Yasuní”, siendo la segunda opción la extracción del petróleo. El proceso tuvo numerosos retrocesos, como la renuncia del primer comité negociador del fideicomiso por fuertes discrepancias con Correa, y por momentos parecía que el Gobierno estaba cediendo a las presiones de las empresas petroleras. Sin embargo, una fuerte presión ciudadana reflejada en las encuestas, según las cuales un 75% de los ecuatorianos prefiere que no se explote el yacimiento, ha ayudado a que la iniciativa siga adelante.

En palabras de Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, “la iniciativa Yasuní puede y debe allanar el camino a un Ecuador post petrolero. De hecho ha permitido contraponer la idea clásica de priorizar la explotación, a la de conservar el patrimonio. Es necesario superar las medidas y políticas de más exploraciones, más explotación y más consumo, que nos atan al modelo petrolero”.

El Yasuní es una de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta, y fue convertido en parque nacional en 1979. Sólo dentro de una hectárea del Yasuní se han encontrado 644 especies de árboles, y el parque podría albergar unas unas 2.244 especies de árboles y arbustos, muchas de ellas aún desconocidas para la ciencia. Además, habitan en la zona dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los Tagaeri y los Taromenane. En contraste con esta enorme riqueza natural y cultural, la explotación de los 800 millones de barriles de petróleo que se hayan en el subsuelo, en el bloque Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT), generarían mucho dinero pero sólo alcanzarían a cubrir ocho días del consumo global de ese combustible.

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Yasuní-ITT (web oficial)

Campaña Amazonía por la Vida

Como 2 mil cadáveres. En el mes de julio Colombia y la comunidad internacional se vio horrorizada por el hallazgo de una fosa común con alrededor de 2000 cadáveres no identificados en el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, a 200 kilómetros al sur de Bogotá. Este sorprendente descubrimiento fue certificado por una delegación de Europa y EEUU, encabezada por seis eurodiputados. No obstante el gobierno colombiano ha minimizado la magnitud de las cifras asegurando que son sólo 450 cadáveres, mientras que la gran prensa no sólo de Colombia sino la internacional dan cuenta muy poco o casi nada de la situación que envuelve estos sucesos.

Es preciso señalar que fueron los pobladores campesinos de La Macarena los que decidieron romper el silencio y se manifestaron con los eurodiputados visitantes sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida para luego retirarse. De esa manera empezó a ampliarse el cementerio clandestino, ahora la fosa común más grande de América Latina, donde los pobladores pidieron ayuda internacional debido a la magnitud sin precedentes de este hallazgo. En ese sentido los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por EEUU para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Y eso no es todo, pues se sabe también que la población venía denunciando la existencia de la fosa en varias ocasiones durante el 2009 que fueron en vano pues la fiscalía no procedía a investigar. Pero fue gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaban en diciembre del 2009, que se logró destapar este horrenda verdad. De hecho el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los derechos Humanos en Colombia que acompañó a la delegación británica al lugar testimonió: "Lo que vimos fue escalofriante (…) Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Lo espeluznante de los hechos es cuando algunos de los propios homicidas, paramilitares acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes dan coordenadas de fosas y otros detalles de su rol como herramienta de guerra sucia del Estado, como el jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, quien declara que él y sus secuaces enterraron al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo y crudamente sostiene que "había que desmembrar a la gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”. No obstante él mismo sostuvo que sólo eran guerrilleros dados de baja en combate, postura que la gente de la región cuestiona pues los pobladores hablan de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro y que podría ser parte de los 2000 cadáveres.

Así mismo la Comisión Asturiana de derechos humanos, que visitó Colombia en enero 2010, (menos de un mes después del destape de la fosa) ha estado preguntando a las autoridades sobre el caso, y las respuestas han sido preocupantes: en la fiscalía, en la procuraduría, en el Ministerio del Interior, todos pretenden eludir el tema.

Espectáculo mediático

La delegación de los eurodiputados que certificó la fosa, también estuvo presente en la Audiencia Pública sobre la crisis humanitaria en los Llanos Orientales de Colombia. En este acto, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se reunieron cerca de 1500 pobladores de las regiones de alto y bajo Ariari y municipios de Vistahermosa, La Uribe y Mesetas, quienes dieron sus testimonios.

La posición del gobierno de Uribe se hizo notar cuando el mismo día de la  Audiencia Pública el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN. Esto develaría la estrategia mediática para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelo ese día, sobre las masacres y los falsos positivos, hechos que son considerados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato.

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