Inés Arias y Gabriela Flores, Área de Transparencia e Institucionalidad de FSP

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una institución del Estado peruano que tiene como función principal la designación, ratificación o destitución de jueces y fiscales, funciones actualmente conocidas por la mayoría de los ciudadanos peruanos, ya que el CNM ha cobrado una inusitada fama a raíz de una serie de escándalos de corrupción.

Veamos por qué decimos que el CNM es un claro ejemplo de cómo la corrupción deslegitima a las instituciones:

A fines del 2009, el CNM dio inicio al Concurso 003-2009-CNM para cubrir plazas de Fiscales y Vocales Supremos. El proceso de evaluación transcurría en relativa calma, sobretodo por la poca publicidad y seguimiento del tema. Hasta que a inicios de este año conocimos que el Dr. Avelino Guillén Jáuregui había sido descalificado en la prueba escrita y que debido a las irregularidades que había descubierto, estaba a punto de renunciar.

La sorpresa e indignación no se hizo esperar porque el fiscal Avelino Guillén es reconocido por su actuación en la mayoría de procesos por corrupción contra altos funcionarios, incluyendo a Alberto Fujimori, donde logró la condena a 25 años de prisión por violación de derechos humanos y 2 de las 3 condenas por corrupción que purga el ex mandatario. ¿Cómo un fiscal que ha logrado 80% de sentencias condenatorias en casos de corrupción era desaprobado en el examen escrito?

La respuesta se encontraba en los abogados externos contratados para evaluar a los postulantes. El Consejo había designado “a dedo” a un grupo de abogados litigantes para que se encarguen del proceso de evaluación. En el examen de Guillén, el evaluador fue Mario Amoretti, que ha enfrentado al fiscal en más de una ocasión representando a Alberto Venero, testaferro de Montesinos.

A eso se sumó la denuncia sobre la “coima” que habría solicitado el consejero Efraín Anaya a otro postulante a fiscal supremo, Tomás Gálvez. Anaya habría indicado que para ser designado se requería de “apoyo político o económico”.

La consecuencia de esto fue que se generara desde la opinión pública, un pedido de nulidad del proceso de evaluación. Incluso, el Presidente del Poder Judicial indicó que todos los consejeros debían renunciar debido a la pérdida de legitimidad y la desconfianza general suscitada. Pese a la resistencia inicial, el CNM anuló el proceso de evaluación aprovechando el cambio de dos de los Consejeros.

Reacción Ciudadana

El público proceso de desprestigio del órgano encargado de garantizar la idoneidad de los magistrados que administran justicia generó la reacción de la ciudadanía, la que se expreso de diversas maneras.

Por un lado, Guillén ha recibido el respaldo ciudadano a través de un documento de adhesión suscrito por diversas organizaciones y personas. Asimismo, el 4 de marzo más 100 personas acudieron al Acto de Reconocimiento y Desagravio organizado por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción y el Colegio de Abogados de Lima para agradecer al fiscal por su aporte y compromiso en la lucha contra la corrupción en el Perú.

Pero ahí no quedó todo. El Consejo debe responder varios pedidos de información solicitados desde el 19 de febrero con relación a todos los detalles del anulado proceso, incluyendo el uso de los fondos públicos; pedidos formulados dentro de una campaña iniciada por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción. El martes 9 de marzo venció el plazo sin que el CNM emitiera respuesta alguna, lo que demuestra claramente el desacato de esta institución a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y podríamos seguir enumerando las acciones, informaciones y respuestas de la ciudadanía frente al tema. Lo cierto es que debido a estos graves hechos de corrupción, el Consejo Nacional de la Magistratura ha perdido credibilidad y requerirá de una seria revisión de sus procedimientos, su transparencia y su composición para mejorar no sólo su actuación sino recuperar la legitimidad que debe tener como institución encargada de designar a los jueces y fiscales que deben garantizar una correcta administración de justicia en el país.

Lo sucedido con el CNM nos deja una lección sobre cómo la corrupción termina por deslegitimar y corroer a las instituciones y afectar gravemente, en este caso, la Administración de Justicia. Nos queda seguir atentos y vigilantes para ver qué sucede en los próximos días y en el nuevo proceso de evaluación.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Inés Arias y Gabriela Flores, Área de Transparencia e Institucionalidad de FSP

Hace unas semanas, Javier Villa Stein y Genaro Matute –Presidente y Coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CANA)– se presentaron ante la Comisión Especial Multipartidaria de seguimiento al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del Congreso de la República para exponer los alcances de su trabajo.

Justamente, fue una frase lanzada por su coordinador la que llamó nuestra atención y da origen a este artículo: “está, diría, la crema y nata de la institucionalidad en el país en esta comisión”. Es interesante que Genaro Matute haya dicho eso en el Congreso, institución que rechazó integrar la CANA para evitar conflictos de funciones.

Como hemos señalado antes, algunos miembros de la CANA generan dudas muy fuertes con relación a su compromiso con la lucha contra la corrupción, por las denuncias y cuestionamientos que enfrentan. Revisemos, para poner un ejemplo, el caso del Alcalde de Lima y posible candidato presidencial, Luis Castañeda Lossio.

Castañeda actúa como representante de los gobiernos locales, pese a que existen instituciones como AMPE y REMURPE que tienen mayor legitimidad para representar ese nivel de gobierno. Pero además, enfrenta una denuncia por el caso COMUNICORE, el extraño pago por 35 millones de soles a una empresa que al tiempo desapareció y que tiene vínculos con su persona.

COMUNICORE: El talón de Aquiles del Alcalde de Lima

RELIMA era una empresa trasnacional encargada de los servicios de limpieza pública que trabajaba para la Municipalidad de Lima. Desde 1998 la comuna capitalina dejo de pagar a la transnacional; esto generó que en el 2004 se iniciaran los pedidos para que se dé cumplimiento a un laudo arbitral que le daba la razón a RELIMA y ordenaba pagar a la Municipalidad de Lima más de 46 millones de soles de deuda.

Así las cosas, con las negociaciones la Municipalidad logró que la deuda quedará en S/. 35.9 millones; luego, tuvo que negociarse la forma de pago. Al final, se acordó que se pagaría en 10 años –por lo que con los intereses la deuda subiría a 40.5 millones-. Pero de pronto, algo cambió.

Como informó en su momento Peru.21, a días del acuerdo entre Relima y la Municipalidad, apareció una empresa desconocida llamada Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) que adquirió por 14.6 millones la deuda de Relima y cobró los 35.9 millones totales en una sola transacción.

A sólo días de instalada la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el Alcalde de Lima entre sus miembros, se descubrió que Comunicore había desaparecido poco después de cobrar la deuda y que sus dueños originales transfirieron el dinero al extranjero utilizando el nombre de personas humildes como testaferros para desligarse de la empresa.

Hace unos días, se ha revelado algo más contundente: el gerente municipal Carlos Chávez Málaga –funcionario de confianza de Castañeda desde sus años en el IPSS, convertida luego a ESSALUD– era al mismo tiempo asesor de otra empresa de uno de los dueños fundadores de Comunicore, Miguel Garro.

Pese a las dudas, cuestionamientos y pedidos de investigación, Castañeda no respondió hasta hace sólo unos días que lo hizo en la Comisión de Fiscalización del Congreso; donde según informaron parlamentarios se contradijo y hasta habría mentido en su declaración.

Vale decir, que el Caso Comunicore es quizá el más emblemático, pero no el único, que genera cuestionamientos y denuncias de presunta corrupción que el Alcalde de Lima y flamante miembro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción no quiere responder. Recordemos también los cuestionamientos que se han dado por el proyecto del Metropolitano

Sólo queda preguntarse nuevamente: Si la CANA tiene como objetivo plantear políticas de lucha contra la corrupción ¿qué políticas o propuestas pueden generarse de integrantes cuestionados e investigados por actos de corrupción? O sea, ¿personajes que podrían estar involucrados en posibles casos de corrupción van a diseñar la estrategia para combatir la corrupción? Retomando la frase de Matute, ¿”crema y nata” o leche cortada?.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Javier Monroe, de la Mesa de Interculturalidad*
Publicado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

El reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre su actuación en los sucesos de Bagua y Uctubamba (http://www.defensoria.gob.pe) concluye con una reflexión que se precisa en los siguientes puntos: el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la necesidad de una fuerte institucionalidad estatal indígena, el desarrollo del diálogo intercultural, la construcción de un Estado inclusivo y sin discriminación para los pueblos indígenas, enfatizando “[…] la urgencia de construir un Estado inclusivo, dialogante e intercultural” (39). Se trata de una agenda de reflexión y de generación de propuestas que atiende a cuestiones medulares de la interculturalidad en el país, y que sitúa al conflicto amazónico en una perspectiva más amplia. Entre otros aspectos, tiene el mérito particular de comprender a la interculturalidad en relación a la institucionalidad del régimen democrático, abriendo el análisis hacia una mayor complejidad.

En nuestra visión de las cosas, tendría que ser destacada la actualidad de esta agenda para el trabajo de los actores de la sociedad civil que se comprometen con la consolidación e innovación de la democracia peruana. En este sentido, habría que tener en cuenta las diversas relaciones temáticas y espaciales que implica, empezando por recordar que los conflictos amazónicos forman parte del amplio abanico de conflictos surgidos de la expansión de las industrias extractivas en los últimos lustros. Así, se plantea de inmediato la pregunta de si la agenda intercultural propuesta para los pueblos indígenas amazónicos no debería extenderse también a las comunidades campesinas quechuas y aimaras, en razón de sus identidades socioculturales particulares, aunque no hayan emprendido procesos de auto identificación étnica indígena. Y, en relación a las políticas estatales, reconociendo la peculiaridad de nuestra historia, tendríamos que preguntarnos sobre quiénes son indígenas en nuestro país, cuáles son los criterios, sentidos y alcances de esta identificación, y quiénes son los sujetos de derechos colectivos.

Sin embargo, la perspectiva ganada al comprenderse a la interculturalidad como un proyecto de la democracia moderna perdería varias de sus claves si se restringe a la cuestión indígena. La discriminación en razón de la diferencia cultural y la posición desventajosa de las formaciones socioculturales indígenas son expresiones extremas de la precariedad del Estado democrático y de una modernización societal que es evidentemente post colonial. Así, son múltiples los espacios sociales situados en los márgenes del Estado y del mercado, y sus poblaciones quizás sean mayoritarias en nuestro país. Se trata de sujetos sociales indígenas o no, formados en las tensiones de la conflictividad cultural y de las jerarquías discriminatorias de la modernización. Problemas como la pobreza crónica y la fragilidad periférica de las instituciones democráticas tendrían que leerse en estas coordenadas. La formación de la ciudadanía ha supuesto históricamente el desarrollo de la sociedad civil y de los derechos civiles, que han generado los supuestos subjetivos de los derechos políticos. Estos supuestos no existen pues en los márgenes de la modernización post colonial, y la formación de la ciudadanía de los sujetos sociales periféricos es también un aspecto sustantivo de la interculturalidad.

Una variada gama de fenómenos son indicativos de la conflictividad cultural inherente a la generación de las periferias de la modernización post colonial (no trunca o inconclusa); entre otros, los siguientes: la persistencia y extensión del analfabetismo funcional y la diglosia; el continuo fracaso en diseñar una escuela pública culturalmente pertinente; el predominio de las jerarquías discriminatorias del discurso del desarrollo y de la promoción del desarrollo; la localización de la pobreza estructural en las poblaciones rurales e indígenas; la reinvención del clientelismo y de la privatización étnica del poder (al menos) en las sociedades sur andinas; las dificultades notables de posicionamiento de la agencia comunal campesina e indígena en los espacios de participación ciudadana; la novedosa expansión de la trata y esclavización de personas en la minería informal y en diversos negocios ilegales. Con la observación de que en todos estos fenómenos son siempre las mujeres el sector más agredido, y de que no hemos insistido en la carga de discriminación cultural y racismo que tuvieron los hechos de la violencia política pasada, como ha documentado el Informe de la CVR.

Esta mirada a las periferias no niega sino realza el papel del centro, hegemónico en la sociedad. Basta mirarse en el espejo de las sociedades occidentales actuales, con sus problemas de discriminación y racismo ante la avalancha de inmigrantes y sus tradiciones culturales. ¿Pero no es acaso internacional el contenido de la agenda que hemos sucintamente revisado?

* La Mesa de Interculturalidad es un espacio de trabajo en el que distintas organizaciones de la sociedad civil proponen, acuerdan y realizan acciones destinadas a promover el diálogo intercultural en nuestro país. Esta integrada por Forum Solidaridad Perú, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, Amnistía Internacional – Sección Peruana, Asociación de Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos – AIETI, Alternativa, CAPIS, Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS, Conferencia Nacional de Desarrollo Social-CONADES, Desafío Miqueas, Género y Economía, Servicios Educativos Rurales-SER, OXFAM América y el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya- IED.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Rodolfo Bejarano/Latindadd
Tomado del boletín de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)

El 22 y 23 de febrero en la ciudad mexicana de Cancún tuvo lugar la reunión del Grupo de Río en su vigésimo primera versión, a la cual se le denominó la Cumbre de la Unidad y la que convocó a 32 jefas y jefes de estado de la región. La importancia de la reunión radicó en que se aprovechó el momento para retomar el camino iniciado en la ciudad de Salvador de Bahía en diciembre de 2008 donde se hizo la Cumbre de América y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC). Recordemos que esta primera reunión de la CALC dio lugar a la Declaración de Salvador, Bahía, que incluía por primera vez algunos temas importantes sobre el tema de la integración económica y financiera como parte de una nueva arquitectura financiera mundial y regional que permita afrontar la crisis financiera internacional.

No fue hasta esta última reunión convocada en México en que se abordaron nuevamente los temas discutidos en esa oportunidad, dando lugar a la Declaración de Cancún, la cual toma muchas de las cosas plasmadas en el documento aprobado en la ciudad brasileña. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2009 en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CALC realizada en Jamaica, se aprobó el Plan de Acción de Montego Bay, el cual hace un listado de iniciativas con miras a implementar los compromisos asumidos en Salvador. Si bien es cierto el plan no precisa plazos ni acciones concretas, el documento es tomado como un anexo a la declaración de Cancún, por lo que esto supone una intención de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos logrados.

Entre los acuerdos más destacados en materia económica se encuentran la reforma de las instituciones financieras internacionales, mayores regulaciones financieras, y la construcción progresiva de una arquitectura financiera regional y subregional. Esto último, según el documento, debería considerar:

a) Un sistema multilateral y voluntario de pagos a partir de la dinamización y ampliación de las experiencias existentes en la región, incluyendo mecanismos de pagos en monedas nacionales.
b) Evaluación de experiencias existentes en materia de moneda común.
c) Fortalecimiento o desarrollo de mecanismos regionales para la estabilización de la balanza de pagos.
d) Integración de los mercados financieros a nivel regional y subregional con adecuados mecanismos de supervisión, regulación y transparencia.
e) Fortalecimiento y creación de instituciones o fondos financieros para apoyar proyectos de desarrollo e integración de la región.
f) Cooperación entre los bancos nacionales y regionales de fomento.

Es claro que en algunos de los puntos anteriores ya se han hecho avances por parte de los países del ALBA, como la entrada en vigencia del Sucre y el funcionamiento del Banco del Alba. El Banco del Sur es mencionado en la declaración como uno de los pilares del proceso de integración regional.

Otros asuntos importantes abordados en la declaración están alrededor del comercio, infraestructura para la integración, desarrollo sostenible y cambio climático. Pero entre las cosas más saltantes, anunciada en la clausura de la Cumbre de la Unidad por el presidente Felipe Calderón, estuvo el acuerdo de la creación de una instancia que agrupara a todos los países presentes en una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, teniendo como antecedente el Grupo de Río y funcionando de forma paralela a la OEA pero sin la presencia de EE.UU. y Canadá. Aunque con algunas posiciones en contra, el nuevo bloque político -promovido desde un inicio por Rafael Correa y apoyado por presidentes como Chavez, Lula, Castro y Morales- asumirá el patrimonio de Grupo de Río y de la CALC, los que continuarán con su agenda programada hasta 2012, mientras se pone en marcha la nueva instancia. Se espera aprobar el documento constitutivo del nuevo bloque regional en la próxima cumbre que se celebrará en Venezuela en 2011, para consolidarlo definitivamente en la cumbre de 2012 en Chile. Venezuela tiene a su cargo la elaboración de los estatutos y reglamento interno.

Fuera de los altercados protagonizados por Hugo Chavez y Alvaro Uribe, la Cumbre constituye un hito, calificado por algunos como histórico, en el avance hacia un bloque que logre construir una visión conjunta en materia política, económica, social y hasta cultural que rompa con la dependencia de nuestro vecino del norte. Pero para ello primero debemos dejar de lado conflictos y diferencias entre nosotros mismos, de modo que se fortalezca nuestra propia unidad e identidad como región, empezando por la UNASUR.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.